* El propietario de un restaurante denunció que la inseguridad y el cobro de piso hacen insostenible mantener los negocios abiertos, mientras autoridades niegan recibir denuncias formales
El dueño del restaurante Mariscos El Compa Moy, Moisés Muñiz, anunció el cierre definitivo de su negocio en Ensenada tras recibir constantes amenazas de extorsión y cobro de piso. El joven empresario informó su decisión a través de un video publicado en redes sociales, donde explicó que ya no podía garantizar seguridad para él, su familia y sus clientes.
Muñiz relató que llevaba casi cuatro años trabajando en el establecimiento ubicado en la colonia Escritores, proyecto que representaba un sueño personal. Sin embargo, aseguró que las condiciones de violencia en el municipio lo obligaron a tomar la decisión de cerrar. “Hoy me sumo a la lista de restaurantes que bajan la cortina por la inseguridad. Es muy triste cerrar justo cuando estaba por cumplir un cuarto aniversario”, expresó.
En su mensaje, señaló que las autoridades mantienen una postura de indiferencia ante los hechos, bajo la consigna de que “no pasa nada”. Recordó como ejemplo el ataque armado ocurrido el 18 de agosto en una pescadería de Ensenada, donde murió un comerciante y tres personas resultaron heridas. Dijo que la violencia contra el sector restaurantero se ha incrementado en las últimas semanas.
El restaurantero acusó que grupos criminales “se han apoderado del municipio” y que estos aseguran tener vínculos con autoridades en los tres niveles de gobierno. “¿Con quién buscamos ayuda?”, cuestionó, al tiempo que convocó a otros empresarios a denunciar públicamente las extorsiones y a no ceder ante la presión de estas organizaciones.
De acuerdo con el Semanario Zeta, en Ensenada operan al menos tres cárteles que disputan el control de la región: el Cártel Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha derivado en enfrentamientos y amenazas constantes a comerciantes. Esta pugna, según el medio, se ha agravado por la presunta infiltración de grupos criminales en corporaciones de seguridad locales.
Pese a los testimonios públicos, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, afirmó que no existen denuncias formales ni reportes “objetivos de extorsión a negocios”. Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo, reconoció que hay casos de este tipo, aunque señaló que los afectados no confían en la Fiscalía. La cifra negra de delitos en la entidad alcanza el 89.9 por ciento, atribuida a la desconfianza, la percepción de corrupción y el temor a represalias.
