* El exgobernador de Michoacán debía enfrentar cargos por peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no asistió a la audiencia inicial programada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto imputarle los delitos de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la diligencia, que inició a las 10:00 horas, solo estuvieron presentes los abogados del exmandatario y los representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría de Michoacán y la Fiscalía General de Justicia de la entidad. La jueza de control Patricia Sánchez Nava cuestionó a los defensores sobre la ausencia de Aureoles Conejo, pero no se obtuvo explicación concreta.
La imputación está relacionada con el presunto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal en distintos municipios, incluidos Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, durante su mandato de 2015 a 2021. Las investigaciones también señalan un daño adicional al erario por más de mil 52 millones de pesos, así como la existencia de personal armado al cuidado de sus propiedades.
Aureoles Conejo ha solicitado al menos tres amparos para evitar ser detenido por la FGR, y hasta la fecha cuenta con una suspensión vigente que no cubre la orden de aprehensión correspondiente a este caso. Su ausencia implica que el procedimiento de imputación no pudo llevarse a cabo, y la Fiscalía mantendrá la ejecutabilidad de la orden de captura, según indicó Julio Cobos, fiscal especial de la FGR.
Entre los acusados también se encuentran excolaboradores del exgobernador, quienes permanecen detenidos desde febrero pasado. Entre ellos están los exsecretarios de Finanzas y de Seguridad Pública, Carlos Maldonado Mendoza y Antonio Bernal Bustamante, así como otros funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, imputados por los mismos delitos.
El incumplimiento de la audiencia mantiene pendiente la formalización de cargos contra Aureoles Conejo, mientras las autoridades federales continúan los procedimientos legales para garantizar que comparezca ante la justicia.
