Manuel Ruiseñor Liévano
A punto de cumplirse el primer año de la gestión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los resultados dados a conocer recientemente son, a no dudarlo, alentadores en el cumplimiento de la que —hasta ahora— sigue siendo la demanda más ingente de las y los mexicanos: SEGURIDAD PÚBLICA.
Es decir, el contar con un Mexico donde la reducción de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso registren una tendencia sostenida a la baja, tal y como se advierte en los datos dados a reconocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un tema sensible por los datos registrados desde hace una década atrás. Sin embargo, la reingenieria de la política pública trazada desde la Secretaría del ramo, decíamos, comienza a dar frutos lejos de la consigna conocida como abrazos y no balazos.
Uno. En 10 meses se registró una reducción de homicidios dolosos, víctimas, de 25.3 por ciento. Y eso quiere decir que cada día se cometen 22 homicidios menos, lo cual equivale a 22 personas menos en julio que en septiembre.
Dos. Con base en cifras aportadas por las fiscalías estatales al 31 de julio pasado yal revisar la incidencia del delito de homicidio doloso en la última década, julio de 2025 es el más bajo desde 2015.
Tres. En los estados considerados con mayor incidencia delictiva, valga decir que el mes pasado (julio) siete estados concentraron la mitad (50.7 por ciento) del total de asesinatos reportados en el país: Chihuahua ocupó el primer sitio con 9 por ciento del total nacional; seguido de Sinaloa, con 8.4 por ciento; Guanajuato registró 7.7 por ciento; Baja California 7.1; Guerrero 6.7; Jalisco 6.2; y estado de México 5.6.
Cuatro. Mientras que al contabilizar de enero a julio de este año, siete entidades concentraron 51.5 por ciento de todos los homicidios registrados en el país: Guanajuato se ubica en primer lugar en este periodo, con 11.9 por ciento del total nacional; seguido por Chihuahua y Sinaloa, con 7.2 por ciento en cada entidad; Baja California con 7.1 por ciento; estado de México, con 6.6; Guerrero con 5.9; y Michoacán con 5.6 por ciento.
Cinco. De septiembre de 2024 —último mes de la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador— a julio pasado, en 23 estados del país hay una disminución en el número de homicidios dolosos. Lo cual nos habla de la efectividad en la nueva política de seguridad pública que, sin cambiar el principio de atender las causas que originan la incidencia delictiva, como lo es la pobreza, fortalecen la atención los pobres de México mediante programas sociales.
Seis. En el informe referido, también se asentó que del 1 de octubre de 2024 —cuando inició el actual gobierno, al 10 de agosto de este año— se han alcanzado avances significativos en el combate a la delincuencia, lo cual se traduce que en ese periodo han sido detenidos 29 mil 150 presuntos delincuentes; además que se han desmantelado mil 262 laboratorios clandestinos y se han asegurado 14 mil 943 armas de fuego y 216.6 mil toneladas de diversas drogas (de estas mil 508 kilogramos y 3 millones de pastillas de fentanilo).
EL CASO CHIAPAS
Colocada en el cuadro de honor de las entidades federativas con menos incidencia de delitos como el asesinato, durante los primeros seis meses del 2025 en Chiapas se registraron 179 homicidios dolosos, de los cuales 100 fueron cometidos con arma de fuego, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo cual representa una reducción del 49.86% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se documentaron 357 casos.
En esa dirección, también se reportó una disminución del 58.2% en cuanto al promedio diario de homicidio doloso.
NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS
A nivel nacional, los datos enunciados condensan un significativo esfuerzo institucional de coordinación y cooperación entre los órdenes de gobierno; no obstante, es menester subrayar que si bien el primer semestre de 2025 registró una reducción en algunos delitos de alto impacto como el homicidio doloso, por igual reveló incrementos importantes en otros rubros como el narcomenudeo y la violencia familiar.
Y para el caso Chiapas a pesar de la efectividad que ha tenido la puesta en operación del Grupo de Reacción Inmediata, conocido bajo el nombre de Fuerza Pakal, las quejas de violaciones reiteradas a los derechos humanos de las y los chiapanecos no han dejado de registrarse, a pesar de que se haya sancionado a los servidores públicos que se han propasado en el uso de la fuerza.
Sin duda en este tema central para la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad en el estado, es urgente contar con un protocolo de operación apegado estrictamente al cumplimiento de la ley y en apego a los derechos humanos. Es necesario hacer del conocimiento de la población los alcances estrictos del uso de la fuerza en los diversos operativos. Y para ello deben trazarse vínculos de colaboración con los organismos de la sociedad civil encargados de la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
LA TAREA PENDIENTE
Sin embargo y bien saben de ello los expertos en el tema, romper la cadena delictiva significa desbaratar la capacidad de los delincuentes. Porque de esa manera, detectar un auto robado que será usado en secuestros, ataques armados, robos o extorsiones, es uno de los objetivos largamente acariciados por las autoridades y sus policías de investigación e inteligencia.
Subrayamos esto porque los registros digitales de cada automotor y la tecnología para reportar robos y generar alertas está allí, en esos intersticios donde el crimen pone la mirada; sin embargo, hay que lograr que se mantenga a largo plazo. He ahí la clave del segundo piso de la transformación de la vida pública de la nación
En un país como México y en una entidad como Chiapas, donde la modernización de las instituciones de seguridad apenas comenzó con el actual gobierno estatal, la pregunta fundamental a responder es ¿HABRÁ CONTINUIDAD EN LOS LOGROS? Estaremos pendientes.
