* Se prevé la realización de foros presenciales y consultas digitales para recoger opiniones de la ciudadanía y especialistas antes de entregar un informe final en enero de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes, en Palacio Nacional, la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá a su cargo el análisis y propuesta de cambios al sistema electoral del país. La instancia será presidida por Pablo Gómez Álvarez y estará integrada por la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y diversas áreas de la Oficina de la Presidencia.
Durante la presentación, Sheinbaum afirmó que el objetivo es “consolidar la democracia” a través de un proceso abierto y participativo. Por ello, la comisión organizará, a partir de octubre, foros, debates y consultas públicas en la Ciudad de México y en distintas entidades del país, así como encuestas y un portal en internet para que cualquier ciudadano pueda presentar propuestas. Las conclusiones se entregarán a la titular del Ejecutivo en enero de 2026.
Pablo Gómez explicó que entre los temas a discutir se encuentran el financiamiento a partidos, la fiscalización de campañas, la representación proporcional, el voto electrónico, el sistema de partidos, las consultas populares y la propaganda gubernamental. En particular, señaló la necesidad de revisar la figura de los diputados plurinominales y la efectividad de la representación popular.
La presidenta subrayó que las consultas estarán abiertas a todos los sectores, incluidos partidos políticos y consejeros electorales, estos últimos a título personal por la autonomía del INE, y destacó que se analizará la pertinencia de mantener los institutos electorales locales. También consideró oportuno facilitar la creación de nuevos partidos políticos en plazos más cortos que los actuales.
El decreto de conformación establece que la comisión podrá invitar a representantes de dependencias, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes tendrán voz pero no voto en las deliberaciones.
