* Exigen pagos semanales y amenazan con deportación a migrantes en Chiapas; en CDMX y Jalisco también operan grupos similares con protección de autoridades
Redacción / Alfaro Noticias
Trabajadoras sexuales que laboran en el centro de Tapachula, denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de comerciantes, líderes ambulantes y presuntos padrotes, quienes exigen pagos para permitirles trabajar. La situación afecta principalmente a mujeres migrantes originarias de Haití, Cuba y Venezuela, según la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.
Maribel López, trabajadora sexual en Tapachula, relató que algunas de sus compañeras extranjeras fueron obligadas a pagar hasta mil pesos semanales bajo la amenaza de ser entregadas al Instituto Nacional de Migración. “Muchas pagaron por miedo, aunque nosotras ya habíamos denunciado el cobro de piso. Gracias a la organización se logró frenar en parte, pero siguen presionando”, dijo durante una conferencia organizada por la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
En el parque Miguel Hidalgo, uno de los principales puntos de trabajo en la ciudad fronteriza, también se detectó la operación de un padrote que intentó cobrar cuotas al resto de mujeres para favorecer a un grupo específico de trabajadoras venezolanas. De acuerdo con Cristian Gómez, integrante de Brigada Callejera en Chiapas, esta situación ha provocado tensión, división y más violencia dentro del gremio.
Las extorsiones en Chiapas se suman a denuncias similares en otras entidades. En la Ciudad de México, trabajadoras sexuales identificaron a un grupo encabezado por una mujer conocida como “Thalía”, quien supuestamente exige pagos semanales en la Calzada Zaragoza, Iztapalapa. De acuerdo con las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía capitalina, el cobro se realiza incluso por medio de amenazas y agresiones físicas. “Me pedían 500 pesos cada semana y si me atrasaba, me cobraban hasta tres mil”, declaró una víctima.
En Guadalajara, Jalisco, se reportó una situación similar en el parque Morelos, donde dos extrabajadoras sexuales fueron identificadas como responsables del cobro ilegal. Sin embargo, la Fiscalía estatal se negó a abrir carpetas de investigación, alegando falta de pruebas, a pesar de que las víctimas presentaron audios, videos y nombres de las presuntas responsables.
“Ahí está complicado, es la mafia. A algunas compañeras las han golpeado y tableado, pero la autoridad no quiso levantar la denuncia”, aseguró Elvira Madrid, fundadora de la Brigada Callejera, quien denunció que estos grupos suelen operar con la tolerancia, o incluso complicidad, de funcionarios y líderes políticos.
La abogada Arlen Palestina Panal alertó que, ante la falta de una ley federal que regule el trabajo sexual, las mujeres quedan en absoluta vulnerabilidad: sin seguridad social, sin protección sanitaria y sin garantías legales frente a la extorsión. “Muchas han intentado denunciar y lo único que han recibido son represalias”, afirmó.
En Tapachula, además del cobro de piso, algunas trabajadoras han sido amenazadas con ser desalojadas del centro de la ciudad. “Dicen que damos mala imagen, que somos una vergüenza para Tapachula, pero no hacemos daño a nadie. Solo queremos trabajar para mantener a nuestros hijos”, expresó Maribel.
Pese a las amenazas, la organización seguirá documentando y visibilizando estos casos. “No pedimos privilegios, solo justicia”, concluyó Cristian Gómez. Con información de Sin Embargo.
