* El Observatorio Electoral Judicial concluye que la elección estuvo marcada por irregularidades sistemáticas, falta de equidad y una intervención directa del Estado
Diversas organizaciones civiles denunciaron que la elección judicial del 1 de junio representó un retroceso democrático sin precedentes, al estar marcada por irregularidades sistemáticas, intervención gubernamental y violaciones a los principios constitucionales de legalidad y equidad. Así lo señala el informe final del Observatorio Electoral Judicial, integrado por México Evalúa, Di-sentir, Laboratorio Electoral y Práctica: laboratorio para la democracia.
Durante más de diez meses, las organizaciones documentaron prácticas que, según afirman, anularon la competencia efectiva entre candidaturas. Entre ellas destacan el uso de recursos públicos, la difusión de propaganda irregular y la falta de reglas claras para orientar al electorado. “La intervención no fue un hecho aislado, sino parte de una operación desde el poder”, advirtió Luis Fernández, director de Práctica Lab.
El informe subraya que las decisiones del Tribunal Electoral, algunas tomadas en votaciones divididas, facilitaron la participación activa de funcionarios en la contienda, debilitando los principios de imparcialidad establecidos en el artículo 134 constitucional. Una de las prácticas más señaladas fue la distribución de listas de candidatos afines al partido oficial, conocidas como “acordeones”, elaboradas desde dependencias públicas y utilizadas para influir en el voto.
Susana Camacho, de México Evalúa, lamentó que el proceso careciera de reglas claras e información suficiente para la ciudadanía, lo cual debilitó la legitimidad de la elección. “Fue un proceso sin condiciones mínimas para un voto libre e informado. El INE y el Tribunal Electoral fallaron en su deber de garantizar la integridad electoral”, afirmó.
El informe también cuestiona la reforma judicial que dio origen a estos comicios, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según las organizaciones, esta fue aprobada sin diagnóstico previo ni consulta pública, y respondió más a intereses políticos que a una necesidad de mejorar el sistema de justicia.
Entre los hallazgos del Observatorio destaca que un alto porcentaje de candidaturas ganadoras eran promovidas por el oficialismo. De los 17 cargos en el Tribunal Electoral en disputa, 15 fueron ocupados por personas sugeridas en los “acordeones”. La elección de ministros de la Suprema Corte y la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial también favorecieron perfiles cercanos al gobierno federal.
Finalmente, el informe llama a revisar de fondo el modelo de elección judicial, de cara a los comicios de 2027, cuando se celebrarán elecciones concurrentes a nivel nacional. Las organizaciones advierten que, de no corregirse las deficiencias observadas, podría consolidarse una erosión estructural de la democracia constitucional en México.
