Alejandro Flores Cancino
En Frontera Comalapa, un municipio donde la violencia se ha vuelto cotidiana y los ejidos han sido utilizados como peones del crimen organizado para bloquear caminos y sembrar miedo, la reciente entrega de uniformes y credenciales a la Policía Ejidal por parte de la presidenta concejal Marli Trejo Posada parece, más que un acto de fortalecimiento institucional, una puesta en escena vacía.
Dos playeras y una gorra no representan ni protección ni estrategia. No blindan a las comunidades. No combaten al crimen. Y mucho menos devuelven la paz a una región que lleva años clamando por una verdadera política de seguridad y justicia. En cambio, este gesto minimalista, anunciado con entusiasmo oficialista, refuerza una narrativa peligrosa: la de aparentar que se hace algo, cuando en realidad se hace poco o nada.
La seguridad no se construye con credenciales plastificadas ni con discursos que agradecen a “quienes protegen a Comalapa desde sus raíces”, mientras esas raíces están siendo carcomidas por el miedo, el desplazamiento forzado y la impunidad. La Policía Ejidal, por sí sola, sin capacitación real, sin equipo, sin protocolos claros, no puede ni debe asumir un rol que le corresponde al Estado. Delegar la seguridad en ellos sin dotarlos de verdaderas herramientas es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, una negligencia peligrosa.
Y es que en un municipio fracturado por la violencia, las decisiones gubernamentales no pueden limitarse a actos simbólicos. Comalapa necesita presencia federal, inteligencia operativa, inversión social, y sobre todo, voluntad política para enfrentar los intereses que han convertido al municipio en una pieza clave del conflicto regional.
Vestir a la Policía Ejidal no es lo mismo que fortalecerla. En tiempos como estos, lo último que necesita Comalapa son fotos para el boletín. Lo urgente son soluciones de fondo.
