* La entidad acumuló 26 sanciones de acuerdo con el más reciente corte del Registro Nacional de Personas Sancionadas, publicado por el INE.
Redacción / Alfaro Noticias
Chiapas acumula 26 personas sancionadas por ejercer violencia política contra mujeres en razón de género, de acuerdo con el más reciente corte del Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPSVPG), publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 2 de julio de 2025. Con esta cifra, la entidad se ubica entre las cinco con mayor número de registros a nivel nacional, junto con Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Desde la creación del registro en septiembre de 2020, se han documentado 516 sanciones impuestas por tribunales electorales locales y otras autoridades. De ese total, 469 corresponden a personas físicas: 384 hombres y 85 mujeres. Además, al menos 27 personas han reincidido, algunas hasta en tres ocasiones, lo que revela fallas en los mecanismos para prevenir y erradicar estas conductas.
A nivel nacional, Oaxaca encabeza la lista con 154 personas sancionadas, seguida por Veracruz (54), Tabasco (37), Campeche (32) y Chiapas (26). Aunque en menor proporción, estados del norte como Baja California Sur, Coahuila o Sonora también registran casos. En total, 32 de las 32 entidades federativas aparecen en el registro.
En Chiapas, además, dos personas han perdido el modo honesto de vivir, una sanción que impide contender por cargos públicos, junto con otras diez personas en entidades como Guerrero, Sonora, Oaxaca y Quintana Roo. Solo dos sanciones en todo el país han derivado de sentencias penales.
El Registro Nacional busca ser una herramienta pública de consulta que permita identificar a quienes han ejercido violencia política contra mujeres, ya sea mediante amenazas, difamación, exclusión, acoso o impedimentos ilegales para ejercer cargos.
Actualmente, 277 personas más figuran en el apartado histórico del registro, al haber cumplido con la sanción impuesta, que en muchos casos es temporal. Las autoridades han insistido en que este mecanismo debe contribuir no solo a sancionar, sino a visibilizar y prevenir estas prácticas en todos los niveles de gobierno.
