* Colectivos denuncian que la medida prioriza la vigilancia masiva y no la búsqueda efectiva de víctimas.
Familiares de personas desaparecidas se manifestaron este miércoles a las afueras de la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la reciente reforma en materia de desaparición, al considerar que no responde a las necesidades reales de búsqueda y representa, en cambio, un riesgo para la privacidad de la población.
La iniciativa, aprobada por el Congreso esta semana, modifica la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Población. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará una versión biométrica del CURP, con fotografía y huellas dactilares obligatorias para toda la población.
De acuerdo con los legisladores que respaldaron la reforma, esta plataforma permitirá una mejor identificación de personas desaparecidas y agilizará las labores de búsqueda. Sin embargo, familiares de víctimas consideran que la medida es una simulación legislativa que abre la puerta a la vigilancia masiva sin garantías claras sobre el uso y protección de los datos personales.
“Esto no es para buscar a nuestras familias, es una pantalla. Nunca los han buscado y ahora solo quieren tener acceso a nuestra información”, declaró María Coronado Navarro, cuyo esposo desapareció en 2011 en Veracruz. A su vez, Jorge Verástegui, quien busca a su hermano y sobrino desaparecidos en Coahuila, expresó su preocupación por la seguridad de los datos: “Es muy fácil que nuestros datos terminen hackeados o vendidos; el riesgo es altísimo y no hay controles efectivos”.
Durante la protesta, los manifestantes colocaron fichas de búsqueda y fotografías en las rejas del Palacio Legislativo de San Lázaro, y clausuraron simbólicamente los accesos con sellos que denunciaban la falta de compromiso del Congreso. También pintaron consignas frente al recinto, como “Sin las familias no. Espiar no es buscar”.
Los colectivos señalaron que, aunque la Secretaría de Gobernación sostuvo mesas de trabajo con organizaciones durante el proceso legislativo, las propuestas de las familias no fueron consideradas en el dictamen final. Cuestionaron además que no se haya incluido un fortalecimiento real a las comisiones de búsqueda.
A pesar de la aprobación en el Congreso, los colectivos anunciaron que continuarán impulsando modificaciones a la ley y que preparan una nueva propuesta para presentarla ante el Ejecutivo federal. Mientras tanto, reiteraron su exigencia de una política pública centrada en la verdad, la justicia y la protección de los derechos humanos, y no en mecanismos que, advierten, podrían vulnerarlos aún más.
