* Refugiadas en la comunidad zapatista de Polhó, 68 familias señalan abandono institucional y denuncian hostigamiento y fabricación de culpables.
Redacción / Alfaro Noticias
A dos años del ataque armado que obligó a 68 familias del sector Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó, a abandonar sus viviendas, las personas desplazadas exigieron justicia, castigo a los responsables y garantías para regresar a sus tierras en condiciones de seguridad y dignidad. Hasta hoy, 272 personas permanecen refugiadas en un campamento ubicado en la comunidad zapatista de Polhó, en la misma región de Los Altos de Chiapas.
“Nosotros no salimos por voluntad, salimos por miedo a morir”, declaró Manuel Gómez Velasco, representante del grupo, durante una conferencia realizada en el centro de San Cristóbal. Recordó que el 24 de junio de 2022, tras un ataque con armas de uso exclusivo del Ejército, varias viviendas fueron incendiadas y se registraron múltiples disparos, lo que obligó a los pobladores a huir. Inicialmente, solo salieron hombres, 32 personas, por temor a que la situación se agravara. Con el paso de los días, mujeres, niños y adultos mayores se sumaron al éxodo forzado.
Desde entonces, explicaron, no han recibido atención efectiva por parte del gobierno estatal ni del federal. Acusaron que durante el sexenio anterior no hubo avances significativos, y ahora confían en que el nuevo gobierno escuche sus demandas: retorno seguro, reparación de daños y acceso a sus parcelas. También piden que se instale una mesa de diálogo real, sin intermediarios que busquen lucrar con su situación.
A través de un pronunciamiento colectivo, las familias desplazadas señalaron que han sido objeto de hostigamiento constante e incluso de fabricación de culpables. “Ya no queremos ser un objeto de injusticia ni convertirnos en negocio para quienes aprovechan nuestra situación”, indicaron. Afirmaron que seguirán alzando la voz “por una paz con justicia, sin impunidad y sin condiciones”.
El grupo también cuestionó que hasta ahora no se haya judicializado el ataque de 2022 ni se haya investigado a fondo a los grupos armados que operan en la región. “No queremos negociaciones simuladas. Queremos justicia verdadera y vivir en libertad, como cualquier ser humano”, concluyeron.
Las familias desplazadas reiteraron que su exigencia no es solo regresar a sus casas, sino hacerlo con garantías de seguridad y respeto a sus derechos como pueblos indígenas. “No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo lo que nos corresponde”, expresaron.
