* El caso de Lola Patricia, hija del tesorero municipal y sexta víctima en junio, ha generado indignación en comunidades tsotsiles y organizaciones feministas.
Redacción / Alfaro Noticias
La Fiscalía General del Estado investiga el asesinato de Lola Patricia N, de 26 años, como un posible feminicidio. La joven, quien era hija del tesorero municipal de San Juan Chamula y segunda regidora del ayuntamiento, fue atacada con arma de fuego presuntamente por su esposo, identificado como Simón, quien huyó tras la agresión.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la comunidad de Bautista Chico, municipio de Chamula. De acuerdo con versiones preliminares, la pareja habría sostenido una discusión que escaló hasta que el agresor presuntamente disparó contra la víctima. Pobladores intentaron auxiliarla y fue trasladada al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, donde perdió la vida horas más tarde.
El presunto feminicida, conocido con el alias “666”, huyó del lugar en un vehículo Nissan blanco con placas DNX-637-G. Autoridades comunitarias, junto con elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal, han desplegado un operativo para localizarlo. Según fuentes oficiales, el sospechoso también se desempeñaba como contratista y escolta del propio tesorero municipal, su suegro.
La Fiscalía informó que un grupo multidisciplinario, conformado por personal de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Justicia Indígena, se ha encargado de las diligencias para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. Hasta ahora, la investigación se mantiene en curso bajo el protocolo de feminicidio, en apego a una perspectiva de género.
Colectivos feministas como 50 más 1 Chiapas exigieron a las autoridades actuar con celeridad y firmeza. En un pronunciamiento emitido este 29 de junio, denunciaron que este caso representa el sexto feminicidio registrado en junio en San Juan Chamula, y el número 19 en lo que va del año en Chiapas. Consideraron que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes y que las medidas de protección siguen siendo insuficientes.
La colectiva también cuestionó la eficacia de la Alerta de Violencia de Género decretada en 2016, al señalar la falta de resultados tangibles, recursos claros y seguimiento adecuado. Afirmaron que las instituciones encargadas de prevenir y sancionar estos delitos operan con limitaciones graves, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad como los pueblos indígenas.
Organizaciones civiles reiteraron su exigencia de justicia para Lola Patricia y atención integral para su familia, al tiempo que hicieron un llamado urgente a revisar y fortalecer las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia feminicida.
