* Llevan más de una década sin recibir sentencia, denunció la organización Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional
Redacción / Alfaro Noticias
En Chiapas, cientos de personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia, muchas desde hace más de una década, denunció Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional. Tan solo en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cereso) número 3 de Tapachula, se estima que hay unas 300 personas en esta situación, de acuerdo con los propios internos.
La mayoría de estos casos corresponden al antiguo sistema de justicia penal, cuyos expedientes han quedado rezagados tras la entrada en vigor del sistema oral. “Hay compañeros y conocidos que tienen de 10 a 15 años sin recibir una sentencia. Eso se llama omisión de responsabilidad”, declaró Méndez Hernández durante un encuentro con jueces y magistrados realizado el fin de semana.
Según la activista, esta situación afecta gravemente a los derechos humanos de los internos y al bienestar de sus familias, principalmente mujeres, quienes han exigido durante años una resolución judicial. “Tenemos compañeras que tienen detenidos a sus maridos, a sus hijos, a sus esposos, y no han sido sentenciados todo por el viejo sistema”, dijo.
La organización solicitó que los casos rezagados sean considerados en el nuevo sistema o, al menos, que sus procesos sean agilizados. “Es injusto. Ya deberían tener un adelanto. Si no pueden pasar al nuevo sistema, que se les agilice su procedimiento”, expresó.
Méndez Hernández destacó que esta problemática no se limita a Tapachula, pues en otros penales del estado, como los de Cintalapa, Comitán y Huixtla, también hay personas en espera de sentencia. Aunque no cuentan con cifras precisas, estiman que podría tratarse de varios centenares de casos más.
El llamado central de la organización es que se garantice el derecho a una justicia pronta y expedita. Por ello, piden a jueces, magistrados y autoridades judiciales asumir su responsabilidad en el rezago judicial y avanzar con los procesos pendientes. “La justicia tiene que ser para todos. Esperamos que se tengan los resultados que el pueblo espera”, concluyó Méndez Hernández.
