* La sentencia se dictó luego de que ambos fueran declarados en rebeldía por no responder a la demanda ni presentar pruebas en su defensa.
Un tribunal civil del condado de Miami-Dade, Florida, condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, al pago de dos mil 488 millones de dólares por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos públicos durante el gobierno de Felipe Calderón. La sentencia se dictó luego de que ambos fueran declarados en rebeldía por no responder a la demanda ni presentar pruebas en su defensa.
De acuerdo con el fallo, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción de mil 740 millones. Los recursos serían destinados a reparar el daño causado al erario, según la denuncia presentada por el gobierno mexicano en 2021, basada en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La demanda establece que el exfuncionario federal habría recibido sobornos de un conglomerado de empresas israelíes mediante contratos inflados, cuyos recursos fueron transferidos a cuentas bancarias en Miami. Se calcula que el esquema causó un daño superior a los 634 millones de dólares al presupuesto público.
La jueza Lisa Walsh tomó la decisión luego de que García Luna no manifestara intención de defenderse y de que Pereyra se retirara del proceso en sus primeras etapas. A pesar de la sentencia, las autoridades mexicanas señalaron que el fallo aún puede ser apelado por la defensa, por lo que su ejecución en México deberá esperar a que se resuelva en definitiva.
Una vez agotados los recursos legales en Estados Unidos, el gobierno mexicano deberá solicitar a tribunales nacionales que validen la resolución para poder iniciar el proceso de extinción de dominio y definir el destino de los bienes asegurados a la pareja, incluyendo cuentas y propiedades en territorio mexicano.
García Luna fue condenado en febrero de 2023 en una corte federal de Nueva York por cinco delitos, entre ellos tráfico de cocaína, asociación con el Cártel de Sinaloa y falso testimonio. Actualmente cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos y, según el Buró Federal de Prisiones, su liberación está programada para el año 2052.
