* La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que exista una lista oficial de funcionarios ligados al narcotráfico, como lo publicó el medio estadounidense ProPublica
Autoridades de México y Estados Unidos investigan a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, por su presunta participación en delitos como tráfico ilegal de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero. Las pesquisas derivaron en la revocación de visas estadounidenses a los involucrados, incluida la mandataria estatal.
De acuerdo con información confirmada por el Semanario Zeta, en Estados Unidos la investigación se enfoca en una presunta conspiración para cometer delitos financieros. En México, la Fiscalía General de la República indaga la posible participación de los hermanos Torres Torres en el ingreso irregular de diésel desde Texas, que fue detectado en Ensenada con un decomiso de casi ocho millones de litros. El combustible se habría introducido como desecho o agua para evadir impuestos.
Carlos Torres y su hermano tienen antecedentes en cargos públicos durante gobiernos panistas. Uno de ellos fue administrador de la aduana de Tijuana en el sexenio de Felipe Calderón. Un testigo protegido los señaló por operar el esquema desde aduanas del estado. En paralelo, la gobernadora fue notificada de la cancelación de su visa y de su tarjeta SENTRI, proceso confirmado por fuentes diplomáticas.
Según versiones consultadas por Zeta, la revocación del visado a la gobernadora estaría relacionada con la suspensión de excavaciones en un predio de Tijuana donde presuntamente se localizaron narcofosas. Aunque en una primera etapa se encontraron seis cuerpos, las labores se interrumpieron por órdenes superiores, lo que habría generado sospechas sobre encubrimiento o negligencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que exista una lista oficial de funcionarios ligados al narcotráfico, como lo publicó el medio estadounidense ProPublica. Afirmó que, en caso de existir pruebas, deben ser enviadas a la Fiscalía General de la República. También aseguró que su gobierno no protegerá a nadie involucrado con el crimen organizado, pero insistió en que hasta ahora no hay evidencia concreta.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar si el gobierno mexicano ha sido notificado formalmente sobre la revocación de las visas y los motivos de fondo. Consideró que el caso no debe cerrarse de forma unilateral por parte de la mandataria estatal y cuestionó si hay otros funcionarios en una situación similar.
