* Desde el 9 de mayo, habitantes han documentado con fotografías y videos el ingreso de maquinaria pesada y personal militar en la zona, en abierta violación a los amparos
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa la construcción de una casa de descanso militar a orillas de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo, pese a tres suspensiones judiciales que ordenan frenar las obras por el riesgo de afectaciones ambientales. Desde el 9 de mayo, habitantes han documentado con fotografías y videos el ingreso de maquinaria pesada y personal militar en la zona, en abierta violación a los amparos.
El Juzgado Primero de Distrito en Chetumal concedió suspensiones provisionales y definitivas dentro de los juicios de amparo interpuestos por colectivos como Proyecto Justicia Común (Projuc), Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y un grupo de infancias respaldado por el Instituto Federal de Defensoría Pública. En estos recursos se argumenta que la obra provoca la alteración del ecosistema y vulnera el derecho a un medio ambiente sano.
Pese a estas resoluciones, la Sedena mantiene su postura y ha impugnado las suspensiones alegando que detener los trabajos contraviene el interés social. Sin embargo, tribunales federales han determinado que la protección ambiental prevalece sobre otros intereses. En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) eximió al proyecto de la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental, aunque anunció inspecciones a cargo de la Profepa.
Organizaciones como Greenpeace y Sélvame del Tren han denunciado públicamente que la obra ya afecta la laguna mediante dragado, relleno y dispersión de materiales. Según Greenpeace, estas acciones están alterando la morfología del cuerpo de agua y amenazan la biodiversidad local, además de representar un riesgo para el Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de Bacalar.
La resistencia ciudadana ha ido en aumento. Vecinos del pueblo, como Carlos y Ana, han expresado su indignación por lo que consideran una violación a la ley y un acto de impunidad. En marzo reunieron firmas contra el proyecto y, aunque la Sedena bajó ligeramente los muros de la obra, las acciones no han cesado. “Ese terreno fue donado al Ejército en los años 80; quizá es momento de exigir que se devuelva y se convierta en un espacio público”, propuso Carlos.
Las audiencias incidentales de los juicios de amparo están programadas para el 21 y 22 de mayo. Mientras tanto, los trabajos avanzan en medio de una creciente presión social para que se detenga la construcción y se garantice la protección de la Laguna de Bacalar, conocida por sus siete colores y su alto valor ecológico.
