* Organizaciones feministas señalan que se trata de un acto de revictimización contra Mayté López, exesposa del exsenador
Redacción / Alfaro Noticias
Colectivos feministas y defensoras de derechos humanos exigieron al Congreso del Estado de Chiapas el retiro inmediato del retrato del exsenador Noé Fernando Castañón Ramírez del muro de honor del recinto legislativo, al considerar que su inclusión representa una afrenta para las víctimas de violencia de género, en especial de violencia vicaria.
La imagen fue develada recientemente como parte de una galería que reconoce a expresidentes de la mesa directiva del Congreso local. Sin embargo, las organizaciones señalaron que el reconocimiento contradice los principios de ética pública y constituye un acto de revictimización hacia Mayté López García, exesposa del exlegislador, quien lo ha acusado de ejercer violencia vicaria desde 2016.
“Castañón Ramírez no cumple con el requisito constitucional de buena reputación”, sostuvo la Colectiva Feminista 50+1, una de las agrupaciones que han encabezado las denuncias. Recordaron que, pese a que existen sentencias judiciales que reconocen los actos de violencia ejercidos contra López García y sus hijos, el ex legislador ha mantenido sus cargos públicos gracias a redes de protección institucional y privilegios derivados de su posición política y familiar.
Mayté López ha relatado públicamente que fue separada de sus tres hijos y que desde entonces no ha logrado reencontrarse con ellos. Acusa a Castañón Ramírez de utilizar sus influencias para interponer recursos legales que impiden la convivencia ordenada por los tribunales. En marzo, declaró que “se ha impuesto en su contra la fuerza del Estado mexicano” y que su agresor “sigue protegido por el Senado”.
Las organizaciones exigieron al Congreso de Chiapas revisar los antecedentes de Castañón Ramírez y garantizar que ningún funcionario denunciado por violencia de género sea exaltado como figura honorífica en espacios institucionales. Consideraron que mantener su imagen en el muro de honor normaliza la impunidad y deslegitima los avances en materia de justicia para las mujeres.
“La violencia vicaria es una de las expresiones más crueles del abuso de poder. Permitir que sus perpetradores sean reconocidos en espacios públicos es un retroceso inaceptable”, concluyeron.
