* La gobernadora Rocío Nahle confirmó que al menos 57 personas candidatas en Veracruz han solicitado medidas de protección.
El asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, ocurrido la noche del domingo 11 de mayo durante un acto de campaña, dejó un saldo total de cinco personas muertas y tres más heridas. El ataque fue captado en una transmisión en vivo en redes sociales, donde se escucharon múltiples detonaciones mientras la aspirante saludaba a simpatizantes.
Las víctimas fueron identificadas como Yesenia Lara, Miguel Ángel Navarro, Silvestre González, Aarón Nolasco y Marisol Navarro, quien falleció horas después en el hospital. Según los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra el grupo mientras se realizaba una caravana proselitista en calles del municipio. Las autoridades estatales confirmaron que la candidata no había solicitado protección ni había reportado amenazas previas.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación y señaló que ya cuenta con una línea de investigación, aunque no se han revelado detalles para no entorpecer las indagatorias. Hasta ahora no hay personas detenidas por estos hechos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque y aseguró que su gobierno mantiene coordinación con autoridades estatales para garantizar la seguridad en el proceso electoral del 1 de junio. Ofreció apoyo federal y señaló que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en Veracruz si es necesario.
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle confirmó que al menos 57 personas candidatas en Veracruz han solicitado medidas de protección, siendo Movimiento Ciudadano el partido con más casos. Añadió que algunas solicitudes podrían estar relacionadas con vínculos a actividades delictivas, por lo que se realizará una revisión conjunta con las dirigencias partidistas.
Este ataque se suma a una creciente ola de violencia político-electoral en el país. Tan solo en el último año, organizaciones civiles como Data Cívica han documentado más de 600 agresiones contra aspirantes y autoridades municipales, lo que evidencia el riesgo que enfrentan quienes participan en los procesos electorales en diversas regiones de México.
