*Durante más de diez años el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la paz, la seguridad, el acceso a la justicia y el desarrollo económico en la región”
Redacción / Alfaro Noticias
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá en los próximos días un proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la decisión del Congreso de Chiapas de designar un concejo municipal en Pantelhó para el periodo 2021-2024. La propuesta, elaborada por la magistrada Janine Otálora Malassis, considera que esta decisión violó el derecho a votar y ser votado de la población, al haber omitido convocar a elecciones durante tres años consecutivos.
El caso llegó al TEPJF tras una impugnación presentada por habitantes de Pantelhó inconformes con la designación del concejo municipal. En el proyecto de resolución se plantea que el Congreso del Estado incumplió su deber constitucional al no organizar elecciones en el municipio, lo que derivó en una afectación directa a los derechos políticos de las y los ciudadanos.
El documento que se encuentra en análisis también propone que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) convoque a elecciones extraordinarias para renovar el ayuntamiento de Pantelhó en cuanto existan las condiciones necesarias. Esta recomendación se basa en los avances recientes en materia de seguridad y en un pacto comunitario de no agresión firmado por representantes de las comunidades.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de declarar un “estado de cosas inconstitucional” en Pantelhó, figura jurídica utilizada cuando existe una vulneración masiva y estructural de derechos humanos atribuible a la omisión de las autoridades. El texto argumenta que durante más de diez años el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la paz, la seguridad, el acceso a la justicia y el desarrollo económico en la región.
Según la propuesta de la magistrada Otálora, esta situación ha provocado condiciones de exclusión, pobreza y violencia en el municipio, generando una crisis institucional que debe ser reconocida formalmente para activar una respuesta integral del Estado.
