* Grupos como Los Petules y Asball han sido acusados de cometer actos violentos, como homicidios y desplazamientos forzados, en municipios como Ocosingo, Altamirano y Venustiano Carranza.
Redacción / Alfaro Noticias
Recientes denuncias señalan la violencia atribuida a grupos paramilitares en varios municipios, como Ocosingo, Altamirano y Venustiano Carranza. Los grupos identificados como Los Petules y Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsil-Totik San Bartolomé de los Llanos (Asball) han sido acusados de realizar actos delictivos, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y amenazas a las comunidades, con presunta colaboración de autoridades locales.
En el municipio de Ocosingo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ha denunciado a Los Petules, un grupo armado que habría operado en la zona con el apoyo tácito de autoridades estatales y municipales. Según el FNLS, Los Petules han sido responsables de diversos actos violentos, incluidos asesinatos, desapariciones y agresiones físicas, principalmente contra miembros de organizaciones sociales que se oponen a sus intereses.
Además, se les acusa de llevar a cabo actividades ilícitas, como el cobro de recursos a las comunidades y la venta de tierras. Así como de extorsionar a transportistas y de intervenir en las dinámicas locales, como el tráfico de migrantes y el robo de ganado. El FNLS ha señalado específicamente que el grupo paramilitar no podría operar sin el consentimiento o la aquiescencia de los gobiernos locales, estatales y federales. De acuerdo con las denuncias, Los Petules actúan como un brazo armado al servicio de diversas autoridades, ejerciendo control en las zonas rurales y siendo responsables de numerosas violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, en la región de Venustiano Carranza, la Comunidad Indígena Tsotsil de Bienes Comunales ha presentado denuncias contra un grupo conocido como Asball, el cual opera en la zona de Paraíso del Grijalva. La comunidad acusa a este grupo de realizar actos de violencia, incluido el hostigamiento armado a los comuneros. Además, se les señala por la quema de pastizales y la destrucción de terrenos comunales, afectando a las áreas agrícolas y ecosistemas locales, especialmente el cerro Yaxch’en, considerado sagrado por la comunidad tsotsil.
Las denuncias también apuntan a que la Alianza habría contado con el respaldo de autoridades estatales para llevar a cabo sus acciones. Se señala que la autorización fue otorgada por el director de Gobierno del Estado, Horacio Corzo Guzmán. De acuerdo con los denunciantes, los paramilitares se habrían aprovechado de la falta de intervención del gobierno para imponer su control en la región.
Ante este panorama, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han exigido una pronta intervención del gobierno estatal y federal para investigar los hechos y garantizar la seguridad de las comunidades. Se ha pedido que se esclarezcan los vínculos entre los grupos paramilitares y las autoridades locales, y que se implementen medidas efectivas para frenar la violencia en la región.
