* Denuncian que la violencia sigue en aumento mientras se prioriza una imagen turística del estado.
Redacción / Alfaro Noticias
Chiapas enfrenta una crisis humanitaria marcada por el desplazamiento forzado, desapariciones, tortura y la presencia de grupos armados, alertó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). A pesar de esta situación, el gobierno continúa promoviendo una imagen turística del estado, señaló Dora Robledo, directora de la organización, en entrevista para Aristegui en Vivo.
De acuerdo con Frayba, en diversas regiones del estado, especialmente en comunidades indígenas, se mantiene una situación de violencia estructural que ha derivado en la expulsión de familias enteras, la presencia de actores armados ilegales y la consolidación de intereses empresariales que se instalan en los territorios sin consentimiento comunitario.
La organización denunció también un incremento en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, así como una creciente militarización que, lejos de contener la violencia, ha contribuido a la tensión y al temor entre la población civil. Señalan que las fuerzas de seguridad no han frenado el avance de los grupos armados y, en algunos casos, han sido señaladas por omisión o complicidad.
El Frayba ha documentado que muchas de estas agresiones ocurren en contextos de impunidad. Las autoridades estatales y federales han sido señaladas por su falta de respuesta efectiva, mientras el discurso oficial sigue centrado en proyectar estabilidad y atraer turismo e inversión al estado.
La directora de Frayba advirtió que esta narrativa oficial invisibiliza la crisis que viven diariamente miles de personas en Chiapas. “Existe un esfuerzo deliberado por mostrar únicamente la cara turística del estado, mientras se ignora la realidad de quienes sufren violencia y despojo”, sostuvo.
Ante este contexto, Frayba hizo un llamado a las instituciones y a la sociedad civil a no minimizar la situación. También reiteró la necesidad de acompañar a las comunidades afectadas, impulsar mecanismos de protección para las personas defensoras y exigir una actuación estatal que atienda las causas estructurales de la violencia.
