* Las denuncias fueron hechas por el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas.
A menos de dos meses de la elección judicial del 1 de junio, organizaciones civiles como Defensorxs han encendido las alertas ante la postulación de al menos 13 candidatos señalados por vínculos con el narcotráfico, violaciones a derechos humanos, acoso sexual y corrupción. Estas denuncias ponen en duda la legitimidad del nuevo modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros impulsado tras la reforma constitucional de septiembre de 2024.
Entre los perfiles más polémicos se encuentra Silvia Rocío Delgado García, candidata a jueza penal en Chihuahua, quien formó parte de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. Su nombre figura junto al de Fernando Escamilla Villarreal, aspirante en Nuevo León, quien representó legalmente a integrantes del Cártel de Los Zetas, incluyendo a Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”, y ha sido detenido previamente por portar un arma sin licencia.
También destaca Francisco Herrera Franco, conocido como “el fiscal del terror”, exfiscal regional en Zitácuaro, Michoacán, y actualmente postulado a juez penal federal. Está acusado de colaborar con grupos criminales y de estar implicado en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022. A pesar de los señalamientos, niega las acusaciones y se dice víctima de persecución política.
Otro caso que ha generado indignación es el de Nicollino Cangiamilla Enríquez, candidato a magistrado en Sonora, denunciado por omisiones durante su gestión como director del sistema penitenciario local. En ese periodo falleció Paula Josette Arizona en una visita conyugal irregular. Su madre y colectivos feministas acusan negligencia institucional y han denunciado hostigamiento por parte del INE tras visibilizar el caso.
Los señalamientos también incluyen a candidatos como Francisco Martín Hernández Zaragoza y Edgar Agustín Rodríguez Beiza, acusados de acoso sexual, corrupción y abuso de poder. En el caso de Rodríguez Beiza, existen denuncias por agresiones sexuales y por actuar con parcialidad en casos de violencia de género. A pesar de estas acusaciones, ambos fueron seleccionados por el Poder Legislativo para participar en el proceso electoral.
Organizaciones como Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el colectivo Ni Una Más Hermosillo, han exigido que las autoridades investiguen a fondo la trayectoria de los aspirantes antes de permitir su participación en las elecciones. El proceso ha sido calificado por legisladores y colectivos como opaco y riesgoso, al considerar que la elección de cargos judiciales sin filtros adecuados podría permitir la infiltración del crimen organizado y el abuso de poder dentro del sistema de justicia.
