Manuel Morales
Riesgos adicionales: reformas en materia de energía, agua y biotecnología agrícola
Otras propuestas que serán presentadas ante la nueva legislatura que entró en funciones en septiembre de este año podrían entrar en conflicto con las disposiciones del T-MEC.
Por una parte, la propuesta de reforma en materia de industrias estratégicas del Estado -que plantea limitar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas en transmisión y distribución eléctrica y establecer la precedencia de la CFE (una empresa propiedad del Estado) sobre empresas privadas- genera conflictos con disposiciones que:
Establecen que, si un país abre más su economía permitiendo más comercio, inversión o participación extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada (capítulo 14: Inversión).
Prohíben el trato preferencial al requerir que se dé un trato no menos favorable a las inversiones de los países del T-MEC respecto a las nacionales (capítulo 14: Inversión).
Exigen que se otorgue un trato no discriminatorio para empresas de los países miembros del T-MEC respecto a las empresas propiedad del Estado de esos países (capítulo 22: Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados).
De forma similar, las iniciativas que buscan reformar la constitución en materia de disponibilidad de agua y de concesiones para actividades de minería también discrepan con disposiciones del capítulo 14 del T-MEC en cuanto al trato preferencial para empresas públicas y la apertura de sectores económicos. La primera busca frenar las concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua y solo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y doméstico; la segunda prohibiría el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de minerales en la minería a cielo abierto, efectivamente bloqueando la participación en el sector.
Por último, la propuesta encaminada a prohibir el uso del maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico, para siembra y consumo humano impone restricciones al comercio sin presentar evidencia científica que sustente la medida. México ya se encuentra en un proceso de solución de controversias sobre el tema bajo las reglas del T-MEC, ya que entra en conflicto con disposiciones que:
Establecen que no se pueden implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien (capítulo 2: Trato Nacional y Acceso a Mercados).
Señalan que las medidas sanitarias y fitosanitarias -como la restricción a las importaciones de bienes agrícolas- deben basarse en recomendaciones científicas (capítulo 9: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias).
La aprobación e implementación de reformas constitucionales que no solo afectan la competitividad y la institucionalidad del país, sino que generan incertidumbre, puede derivar en un ambiente volátil que comprometa la confianza que los socios comerciales de México tienen en el país.
Actualmente, 83% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos y 3% a Canadá, mientras que 44% del total de la IED recibida por México en el primer semestre de 2024 provino de Estados Unidos y 8% de Canadá.
En ese sentido, cualquier reforma constitucional debe tomar en cuenta las consideraciones en materia de contrapesos al poder, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, así como el potencial impacto sobre la relación con Estados Unidos y Canadá. La pérdida de confianza institucional y certeza jurídica podría desestabilizar la inversión extranjera y el comercio exterior, con lo que se incrementarían los riesgos para la economía mexicana.
¡Hasta la próxima!
