* Advierten que las medidas están dejando a los migrantes expuestos a mayores riesgos, sin ofrecer alternativas legales adecuadas
Redacción / Alfaro Noticias
En Tapachula, los operativos de detención de migrantes sin documentos han aumentado en las últimas semanas, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. Las autoridades locales, junto con la Guardia Nacional y la Policía Federal, han realizado redadas en varios puntos de la ciudad, particularmente en áreas cercanas a estaciones de autobuses y centros de tránsito. Según los reportes, muchos de los migrantes detenidos no cuentan con un proceso claro para regularizar su situación migratoria, lo que provoca que sean deportados sin mayores garantías.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), ha señalado que la falta de un mecanismo legal adecuado ha incrementado la inseguridad de los migrantes en Tapachula. Sin acceso a un procedimiento que les permita solicitar asilo o regularizar su estatus, muchos migrantes se ven obligados a regresar a sus países de origen sin una resolución justa de su situación migratoria.
Además de los problemas derivados de la falta de documentación, los migrantes se enfrentan a un riesgo creciente de ser víctimas del crimen organizado. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) han expresado preocupación por cómo las restricciones migratorias de los gobiernos de México y Estados Unidos están favoreciendo a grupos criminales que explotan a los migrantes en tránsito. Estos grupos, según denuncian, cobran grandes sumas de dinero por prometer el paso hacia el norte del país, pero a menudo los migrantes terminan siendo víctimas de secuestros o explotación.
Las autoridades locales, defienden las redadas como parte de un esfuerzo para reducir el crimen organizado en la región y frenar el tráfico de personas. Sin embargo, las organizaciones civiles afirman que estas medidas están teniendo un efecto contrario, ya que los migrantes, al no contar con vías legales para su tránsito, terminan siendo más vulnerables a la violencia y el abuso por parte de los grupos delictivos.
Las redadas han sido objeto de críticas por su falta de transparencia. En muchos casos, las autoridades no presentan documentos legales que respalden la intervención en las viviendas, lo que ha generado preocupación entre los propietarios de las viviendas. Los afectados por estos operativos deben recurrir a abogados para recuperar sus bienes, a pesar de contar con contratos de arrendamiento que avalan su estancia legítima.
