* La FGR debía haber publicado este programa en 2017, según la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, pero no lo hizo.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura en un plazo de 10 días hábiles, después de más de siete años de retraso. Esta resolución llega luego de un juicio de amparo promovido por varias organizaciones civiles que señalaron el incumplimiento de la FGR a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que entró en vigor en 2017.
De acuerdo con la ley, la FGR debía haber publicado el Programa antes de diciembre de 2017, pero tras cuatro años de demora, las organizaciones civiles iniciaron un litigio para exigir su cumplimiento. La sentencia del tribunal subraya que, aunque el diseño del Programa requiera la participación de diversas autoridades y organizaciones, su expedición es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía.
Organizaciones como el Centro Prodh, Documenta y Fundar, junto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacaron la importancia de la resolución judicial. Estas entidades han acompañado desde 2019 los esfuerzos para diseñar el Programa, que incluye estrategias y objetivos claros para la prevención y sanción de la tortura, así como la reparación de las víctimas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos colaborativos, la FGR no ha cumplido con la publicación del Programa.
La sentencia es un golpe para la FGR, que se ha visto criticada por no dar cumplimiento a la ley y por permitir que la tortura siga siendo una práctica frecuente entre las autoridades. Según los últimos datos del Observatorio contra la Tortura, en 2023 se registraron 4,592 investigaciones por casos de tortura, pero solo el 0.3% de esos casos llegaron a juicio. Las organizaciones han resaltado que esta omisión de la Fiscalía contribuye a la impunidad y a la falta de justicia para las víctimas.
En este contexto, las organizaciones han hecho un llamado urgente a la FGR para que cumpla con la sentencia y publique el Programa Nacional sin más demoras. Además, destacaron que la publicación y adecuada implementación del Programa son esenciales para garantizar la erradicación de la tortura y el respeto a los derechos humanos en México. Casos emblemáticos, como el de Keren Selsy Ordoñez, una mujer torturada y privada de justicia, demuestran la necesidad de tomar acciones concretas.
Con la nueva orden judicial, la FGR tiene ahora un plazo de 10 días para emitir el Programa. Si no lo hace, se arriesga a enfrentar mayores consecuencias legales y a continuar con la desconfianza pública sobre su compromiso con los derechos humanos y la justicia.
