* Solicitan al gobernador la instalación de una mesa de atención para tratar temas agrarios, de seguridad y esclarecer la desaparición de los activistas.
Daniela Alfaro
Habitantes del municipio de Carranza exigen la localización con vida de Uberlain Aguilar y Marco Antonio Díaz, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el 26 de junio de 2023. Los dos integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) fueron interceptados en el tramo carretero entre Venustiano Carranza y Pujiltic mientras se dirigían a realizar una actividad en la comunidad.
A 18 meses de los hechos, representantes de la organización, como Ricardo Magdaleno Velasco y Francisco Aguilar Alfonso, denunciaron que la administración anterior no brindó atención adecuada al caso y que, tras 40 días de investigación, se abandonaron las labores de búsqueda. Los familiares y miembros de la OCEZ-RC exigen que las nuevas autoridades reabran el expediente y continúen la investigación, con la esperanza de esclarecer el paradero de los desaparecidos.
Sus familiares señalaron que Uberlain y Marco Antonio eran activistas agrarios que apoyaban a las comunidades locales en la gestión de tierras. Desaparecieron sin que hasta el momento se tengan pistas claras sobre su paradero. Ambos fueron clave en la distribución de tierras a más de 80 familias en la región.
Don Francisco, padre de Uberlain, también ha solicitado a las autoridades estatales su intervención para localizar a su hijo y a Marco Antonio. En una intervención pública, expresó que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo con vida y que continuará luchando para obtener respuestas.
Los representantes de la OCEZ-RC solicitaron a la Fiscalía estatal que se realice una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de la desaparición de Uberlain Aguilar y Marco Antonio Díaz, subrayando la necesidad de una pronta acción para esclarecer los hechos.
Además, expresaron su preocupación por la división interna que afecta a la organización. En este contexto, pidieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la instalación de una mesa de atención para tratar asuntos agrarios, de seguridad y la desaparición de los activistas. También solicitaron la reactivación de la investigación y acusaron al integrante José Manuel Hernández Martínez de fomentar la división, lo que ha impactado negativamente en su lucha por los derechos humanos y el acceso a tierras.
