* Asimismo, madres y padres de desaparecidos mantienen una huelga de hambre en Tuxtla exigiendo justicia y respuestas.
Daniela Alfaro
La impunidad persiste como uno de los principales obstáculos para la justicia en los casos de desapariciones en Chiapas, según Juan Carlos Mendoza, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba). A pesar de los esfuerzos de las organizaciones civiles y las familias de las víctimas, las autoridades siguen sin dar respuestas claras ni responsables por estos crímenes.
Recientemente, familiares de desaparecidos han intensificado sus protestas. Un grupo de madres, padres y otros familiares de las víctimas iniciaron una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo una investigación más profunda y la atención inmediata de las autoridades estatales para esclarecer los casos. Destacaron que esta protesta refleja la desesperación y el hartazgo por la falta de avances en las investigaciones.
El CDH Frayba ha denunciado que también, la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada. no ha sido efectiva en esclarecer los casos, y que la respuesta del gobierno continúa siendo insuficiente. La organización ha señalado que las investigaciones son lentas y que, en muchos casos, no hay sanciones para los responsables, lo que alimenta el ciclo de impunidad.
Uno de los casos más emblemáticos de esta problemática es el de Antonio González Méndez, quien fue desaparecido en 1999. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable de su desaparición forzada, un hecho vinculado al conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Antonio era un indígena maya ch’ol, que formaba parte del EZLN y fue desaparecido por paramilitares vinculados al grupo “Paz y Justicia”. La Corte también enfatizó la responsabilidad del Estado en la creación y tolerancia de grupos paramilitares, que operaron con el apoyo tácito de las autoridades para reprimir a los opositores al gobierno estatal y federal, especialmente durante la intensificación de la violencia contrainsurgente tras el levantamiento zapatista de 1994.
A pesar de las promesas del gobierno estatal y federal de abordar la crisis de desapariciones en Chiapas en los últimos años, las familias de las víctimas denunciaron que siguen enfrentando enormes obstáculos. La falta de recursos, la corrupción dentro de las instituciones y el desinterés gubernamental han intensificado la sensación de abandono.
Los familiares señalaron que siguen luchando por justicia, exigiendo que las promesas de los gobiernos se traduzcan en acciones concretas que garanticen que los responsables de estos crímenes sean finalmente procesados.
