* Un informe revela que el 14.3% de los refugiados ha sufrido agresiones sexuales, y el 73% de las trabajadoras sexuales son víctimas de servidores públicos. La falta de acceso a servicios médicos y la impunidad agravan la situación.
Daniela Alfaro
Un reciente informe del Consejo Danés para Refugiados (DRC), realizado entre julio y septiembre en Tapachula, Reynosa y Matamoros, destaca que el 14.3 por ciento de los migrantes han sufrido violencia sexual y de género, una problemática que afecta principalmente a mujeres y niñas. Según los datos, las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes se ven agravadas por la violencia que enfrentan en su tránsito por el país, muchas veces perpetrada por autoridades migratorias o criminales.
El estudio también revela que el 19.6 por ciento de los entrevistados mencionó la violencia de género como una de las principales razones para abandonar su país de origen, cifra que aumenta a 23.9 por ciento si se considera solo a las mujeres. En este mismo contexto, Brigada Callejera, organización que apoya a trabajadoras sexuales en la frontera sur, denunció en el 2021 que el 73 por ciento de los actos de violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales provienen de servidores públicos.
Según Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización, estas mujeres sufren maltrato físico, psicológico y económico principalmente de policías y personal del sector salud. Muchas de ellas han sido víctimas de extorsiones, abusos sexuales y golpes durante operativos o en el ejercicio de sus funciones laborales.
Además de los abusos directos, las trabajadoras sexuales enfrentan dificultades adicionales, como la falta de acceso a servicios de salud de calidad. Muchas son obligadas a realizarse pruebas médicas en laboratorios privados costosos, a veces propiedad de funcionarios públicos o sus familiares. Este tipo de prácticas, junto con la discriminación en los servicios públicos, agrava aún más la precariedad de su situación, pues se ven forzadas a recurrir a servicios no regulados y costosos.
El impacto de esta violencia es especialmente grave en el caso de las mujeres migrantes, quienes a menudo no denuncian los abusos por miedo a represalias o por la desconfianza hacia las autoridades. El 43.8 por ciento de los entrevistados por el DRC durante su investigación reportó que algún miembro de su hogar había experimentado violencia durante su estancia en México, y muchos de estos casos involucran violencia sexual y de género en diversas formas.
Para abordar esta problemática, algunas organizaciones están capacitando a trabajadoras sexuales como promotoras de salud para fomentar la cultura del autocuidado y mitigar la falta de acceso a servicios médicos adecuados. A pesar de estos esfuerzos, las organizaciones señalaron que la violencia de género y sexual sigue siendo una amenaza constante para las mujeres migrantes y trabajadoras sexuales en la frontera sur.
