* Integrantes del colectivo “Madres en Resistencia” exigen una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para exigir justicia.
Daniela Alfaro
Un grupo de madres y familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones comenzó una huelga de hambre el 18 de diciembre frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. El colectivo “Madres en Resistencia” demanda ser atendido por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, para presentar los casos de sus seres queridos y exigir justicia. Las manifestantes aseguran que no se retirarán hasta ser recibidas por las autoridades.
La huelga de hambre fue organizada por Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Yuing Gómez, quien fue asesinada en 2020. Gómez denunció que el gobierno de Chiapas ha ignorado durante años los casos de feminicidio y desaparición forzada. “Este es un cementerio clandestino, hemos visto fosas y cuerpos quemados. Lo único que buscamos es justicia y verdad”, afirmó Gómez, destacando la impunidad que enfrentan las víctimas de violencia en el estado.
Entre las participantes de la huelga se encuentra Leyvi Arreola, hermana de Victoria Areola, víctima de feminicidio en 2022 en Tonalá. Arreola denunció que, a pesar de las pruebas en contra de Javier Antonio, conocido como “el Cachi”, el principal sospechoso de la muerte de su hermana, el caso sigue sin resolverse. “Hace dos años estamos esperando que se inicie la audiencia. Ya basta de corrupción, necesitamos que nos escuchen”, expresó Arreola.
La colectiva también ha denunciado la falta de avances en los casos de desapariciones, que afectan a miles de familias en el estado. Según datos de las activistas, Chiapas tiene un registro de al menos 1,400 personas desaparecidas, aunque temen que haya un subregistro debido al miedo a denunciar. Las madres expresan su desesperación ante la indiferencia de las autoridades, que no han atendido adecuadamente sus casos.
Además de los feminicidios y desapariciones, las manifestantes señalaron la creciente violencia vinculada al crimen organizado en la región. El contexto de inseguridad ha empeorado con el auge de los cárteles en la frontera sur de México, y las madres exigen que el gobierno estatal actúe para detener la impunidad. La violencia ha dejado a muchas familias sin respuestas, mientras los responsables siguen sin ser detenidos.
El plantón también ha servido para llamar la atención sobre la falta de información en algunos casos. Familias de desaparecidos, como las de San Cristóbal de Las Casas, se unieron a la protesta para exigir respuestas por la desaparición de siete personas el 23 de noviembre pasado. Los familiares denunciaron que no han recibido información relevante de las autoridades sobre el paradero de sus seres queridos.
La huelga de hambre continuará de manera indefinida hasta que las autoridades atiendan las demandas del colectivo. Las madres de “Madres en Resistencia” insisten en que su lucha no es solo por justicia, sino también por el derecho a la verdad y la reparación de los daños que han sufrido.
