* Denunciaron retenciones ilegales por falsos agentes en Tapachula, exigiendo pagos para permitir el paso.
Daniela Alfaro
Autoridades guatemaltecas han alertado sobre la retención ilegal de ciudadanos de Guatemala a manos de presuntos grupos que operan como agentes policiales en la zona fronteriza en Tapachula. Esta situación ha llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) a considerar la emisión de alertas preventivas para proteger a sus nacionales que transitan por el estado mexicano.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Escobedo, informó que ya se han presentado denuncias ante las fiscalías mexicanas en Tapachula y Huixtla, sobre los incidentes ocurridos el fin de semana del 7 y 8 de diciembre. Los afectados, guatemaltecos que viajaban por la región, documentaron los hechos y compartieron imágenes en redes sociales en las que se observa a presuntos agentes realizando inspecciones a vehículos. De acuerdo con los testimonios, algunos de estos supuestos oficiales exigen pagos ilegales a los conductores para permitir su paso.
El congresista guatemalteco Byron Rodríguez detalló que los presuntos agentes no forman parte de las fuerzas de seguridad oficiales de México, sino que operan de manera ilegal en la frontera. Según los informes, las inspecciones incluyen la revisión de vehículos y documentos, y en algunos casos, se han exigido pagos de hasta 3 mil pesos mexicanos para liberar el tránsito de los vehículos retenidos.
Ante estos hechos, el viceministro Escobedo destacó que las autoridades guatemaltecas han realizado gestiones ante las fiscalías mexicanas y las autoridades consulares en México para dar seguimiento a las denuncias. Sin embargo, señaló que muchas víctimas temen denunciar debido a desconfianza o miedo, lo que dificulta la recopilación de información y la respuesta por parte de las autoridades.
Chiapas, uno de los estados más afectados por el crimen organizado, enfrenta graves desafíos de seguridad en su zona fronteriza, donde las retenciones ilegales y la extorsión se suman a la violencia que afecta a los migrantes y habitantes locales. Las autoridades de ambos países están en comunicación para abordar este problema y reforzar la seguridad en la región.
