* Acusan amenazas de seguridad, desplazamiento forzado de familias y falta de consulta indígena.
Redacción / Alfaro Noticias
Autoridades de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa se reunieron con el gobernador Salomón Jara Cruz para solicitar su apoyo en el proceso de nulidad de una sentencia que reconoció a dos comunidades chiapanecas, calificadas como invasoras, en territorio zoque del Istmo de Tehuantepec.
Vidal López Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, expresó su rechazo a la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Tuxtepec, que falló a favor de los ejidos chiapanecos Rafael Cal y Mayor y Canaán. Estas comunidades pretenden apropiarse de 7,400 y 2,300 hectáreas de tierras comunales, respectivamente.
“Es un acto de provocación que atenta contra la paz social y los derechos indígenas, porque no se nos consultó sobre esta resolución”, declaró López Hernández. Asimismo, denunció que la situación se agrava por la presencia del crimen organizado y las amenazas constantes hacia los comuneros zoques.
El líder comunal informó que cuatro familias de la comunidad de Río Frío, ubicada en la franja limítrofe, han sido desplazadas debido a la falta de garantías de seguridad en la zona. Ante esta problemática, las autoridades de Chimalapas anunciaron que recurrirán a vías políticas, jurídicas y sociales para lograr la nulidad de la sentencia.
“Estamos abiertos al diálogo, pero no reconoceremos esta determinación del tribunal. No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestra comunidad”, enfatizó López Hernández.
El conflicto limítrofe entre Chiapas y Oaxaca en los Chimalapas es histórico y ha generado tensiones recurrentes. Las comunidades zoques insisten en que las tierras en disputa son parte de su patrimonio ancestral, mientras los ejidatarios chiapanecos argumentan su legítima ocupación.
El gobierno de Oaxaca reiteró su disposición para buscar una solución pacífica que garantice la justicia y respete los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, las autoridades comunales exigen que se priorice el diálogo con perspectiva intercultural y se respalde su petición de nulidad.
