Alejandro Flores Cancino
La reciente propuesta de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con la desarticulación de los órganos estatales encargados de la transparencia, marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la opacidad en México. Estos organismos, que han sido claves en la promoción de la transparencia proactiva y la publicación de información pública, han desempeñado un rol fundamental en la fiscalización de las decisiones gubernamentales y el ejercicio adecuado de los recursos públicos. Sin embargo, la desaparición de estos entes regulatorios plantea serias interrogantes sobre el futuro inmediato del país.
Uno de los mayores riesgos que enfrenta la nación con esta reestructuración es la creación de un vacío legal en el ámbito de la transparencia. La función del INAI y sus contrapartes estatales ha sido clara: garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y que las instituciones rindan cuentas de manera efectiva. Sin embargo, con la desaparición de estos organismos, no se vislumbra un mecanismo de sustitución o reforzamiento que asegure la continuidad de este derecho fundamental.
La responsabilidad de la transparencia pasará a manos de los estados, quienes deberán asumir también la supervisión de los municipios (y todos los sujetos obligados), lo que genera múltiples desafíos. Por un lado, y como sucede en Chiapas, se carece de la infraestructura, los recursos y la voluntad política para implementar sistemas eficientes de rendición de cuentas. La dispersión de la responsabilidad de los municipios, muchas veces con estructuras débiles y con escaso presupuesto, hace casi imposible un ejercicio de control eficaz. Este escenario, lejos de garantizar mayor apertura, puede abrir la puerta a la opacidad y la corrupción.
Sin un órgano autónomo y especializado, el riesgo es evidente: la falta de mecanismos eficaces para combatir la corrupción, la falta de acceso a la información y la ausencia de un contrapeso institucional pueden afectar gravemente el panorama democrático del país. Los esfuerzos de transparencia no solo dependen de la buena voluntad de las autoridades locales, sino de un sistema organizado que garantice el acceso libre y completo a los datos gubernamentales, y que fomente la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
La desaparición del INAI y los órganos estatales no solo representa un retroceso en términos de acceso a la información, sino que también expone a la sociedad mexicana a la vulnerabilidad institucional, donde la opacidad y la falta de control pueden ser las únicas constantes. Sin mecanismos eficaces de supervisión, el combate a la corrupción y la promoción de un gobierno abierto pueden convertirse en un sueño lejano y, por ende, el país perderá una herramienta clave para fortalecer la democracia.
