* Entre 2015 y 2023, más de 2.6 millones de niñas y adolescentes dieron a luz en el país.
En 2023, en México se registraron 3 mil 134 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, un promedio de nueve partos diarios. Al sumar los embarazos de adolescentes de 15 a 19 años, la cifra alcanza los 137 mil 660 casos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque la tasa de fecundidad en menores ha disminuido desde 2015, el embarazo infantil sigue siendo un desafío que refleja violencia sexual y desigualdad estructural.
La Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), implementada en 2015 y renovada en 2021, busca erradicar los embarazos en niñas y reducir a la mitad la fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años para 2030. En 2015, se registraban 15 embarazos por cada 10 mil niñas de 10 a 14 años, cifra que disminuyó a seis en 2023. Sin embargo, estados como Guerrero, Colima, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán superan este promedio, destacándose como focos críticos.
Vanessa Arvizu, investigadora del Colegio de México, señala que esta problemática no se limita al sur del país. “Incluso en estados con tasas generales más bajas, hay municipios con cifras alarmantes de embarazos infantiles y adolescentes”, asegura. Además, advierte que estos casos perpetúan desigualdades estructurales, limitan oportunidades educativas y laborales, y exponen a las niñas a ciclos de violencia intergeneracional.
Entre 2015 y 2023, más de 2.6 millones de niñas y adolescentes se convirtieron en madres en el país. En el 50 por ciento de los embarazos de niñas menores de 15 años, los padres tienen entre 18 y 75 años, lo que evidencia un patrón de abuso de poder y violencia sexual, señala Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. “La diferencia de edad entre las niñas y los padres demuestra dinámicas de dominio y control que perpetúan esta problemática”, enfatiza.
Casos recientes, como el de una niña de 14 años en Querétaro que sufrió un aborto espontáneo tras ser violada, reflejan las barreras legales y sociales que enfrentan las menores. A pesar de que en 16 estados el aborto está despenalizado, en el resto del país aún se castiga o se permite únicamente bajo circunstancias específicas, como violación o riesgos para la salud. En Querétaro, por ejemplo, el caso fue inicialmente criminalizado por las autoridades locales, lo que generó indignación social.
Especialistas coinciden en que, aunque la Enapea ha mostrado avances, erradicar el embarazo infantil requerirá esfuerzos más profundos. Las estrategias deben enfocarse en educación, prevención y atención integral para garantizar los derechos y el futuro de millones de niñas y adolescentes que aún enfrentan condiciones de violencia y desigualdad en México.
