* El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió que las impugnaciones no cumplían con los requisitos legales para ser revisadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó varias controversias constitucionales interpuestas contra la reforma judicial de 2024, que modificó aspectos clave del Poder Judicial de la Federación. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien elaboró el proyecto de resolución, resolvió sobreseer y desestimar los recursos promovidos por autoridades locales, entre ellas el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Estas acciones cuestionaban diversas reformas a la Constitución, pero el ministro consideró que no tenían base legal suficiente para proceder.
Entre las controversias desechadas se encuentra la presentada por Diego Sinhue, quien antes de concluir su mandato en septiembre de 2024, impugnó la reforma en virtud de su impacto sobre la estructura judicial. El ministro Alcántara citó el artículo 105 de la Constitución, que establece que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de controversias constitucionales, lo que llevó al sobreseimiento del recurso. Además, se desestimaron las impugnaciones interpuestas por los poderes judiciales de Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, así como por los poderes legislativos de estos estados.
El proyecto de resolución original del ministro Alcántara planteaba la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial, en particular en lo relacionado con la elección de jueces y magistrados, así como la designación de jueces sin rostro, dos aspectos que generaron controversia en varios sectores. Sin embargo, tras un análisis profundo, el ministro consideró que estas impugnaciones no cumplían con los requisitos legales para ser revisadas por el máximo tribunal.
La decisión de desechar las controversias ocurrió tras una sesión reciente en la que el pleno de la SCJN no alcanzó los votos suficientes para invalidar la reforma. Esto consolidó la continuidad de las modificaciones en la estructura del Poder Judicial, que fueron impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia del sistema judicial.
Cabe destacar que la reforma judicial sigue vigente y en proceso de implementación, con un foco particular en la elección de nuevos jueces y magistrados. Este proceso se llevará a cabo en 2025, cuando se elijan a 881 nuevos funcionarios judiciales, como parte de los cambios establecidos por la reforma. Estos cambios buscan garantizar la independencia del poder judicial, pero también han sido objeto de críticas por posibles riesgos de concentración de poder.
Finalmente, la SCJN sigue revisando otras impugnaciones contra la reforma. La más reciente fue presentada por Elsa Zamora, síndica de Tangancícuaro, Michoacán, quien interpuso una nueva controversia, actualmente turnada a la ministra Yasmín Esquivel. No obstante, se prevé que esta también sea desechada, siguiendo el mismo criterio que los recursos anteriores.
