* Los ministros defendieron la legalidad del proceso legislativo, mientras que algunos opositores cuestionaron la validez de los cambios constitucionales.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó este martes el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que buscaba invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. En una sesión histórica, los ministros votaron mayoritariamente en contra de la propuesta, que había sido respaldada por los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, que argumentaban que la reforma vulneraba principios constitucionales. Tras una intensa discusión, los ministros resolvieron que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma, con lo que la propuesta del ministro Carrancá quedó desestimada.
El debate se centró en si la reforma, que modifica la estructura del Poder Judicial, podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el proyecto del ministro Carrancá buscaba declarar inaplicable parte de la reforma, especialmente respecto a la elección de jueces y magistrados, la SCJN determinó que no existían las condiciones legales para invalidar las reformas constitucionales, tal como planteaban los opositores.
Con una votación de seis votos a favor y cuatro en contra, la SCJN aprobó que no era procedente declarar la reforma al Poder Judicial como inválida. La discusión también abordó la legitimación de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad, y aunque algunos ministros consideraron que la reforma afectaba los principios básicos del Estado mexicano, otros se pronunciaron en contra, citando la falta de facultades de la Corte para revisar reformas constitucionales.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue uno de los principales opositores al proyecto, al reiterar que la SCJN no tiene la facultad de intervenir en las decisiones legislativas sobre reformas constitucionales. En su intervención, destacó que la Corte no debía actuar como un órgano de veto, sino que su papel era limitarse a garantizar la legalidad, sin cuestionar la validez de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.
La ministra Lenia Batres, por su parte, cuestionó el criterio de la mayoría, señalando que, al no alcanzar los ocho votos necesarios para invalidar la reforma, se dejaba abierta la posibilidad de que esta pudiera ser impugnada en juicios de amparo. Batres y otros ministros subrayaron que, según la Constitución, si no se alcanza una mayoría calificada de ocho votos, el proyecto debe ser desestimado, lo que abrió un nuevo frente de debate sobre el alcance de las facultades de la Corte.
El tema provocó protestas fuera de la SCJN, donde trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reforma, al grito de “Abajo la reforma, arriba la justicia”. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que no habrá negociaciones con la Corte y defendió la reforma, argumentando que el Legislativo tiene la facultad de aprobar cambios constitucionales y que la decisión de la Corte no cambiaría el rumbo de las reformas.
