Sr. López
Contaba la abuela Elena que allá en Autlán, hace más o menos un siglo, tenía un tío, Lalo (Medardo), que era la primera y última palabra, en sus tierras y en su casa, sin tolerar ni una alzada de ceja. Un día tía Juanita, su esposa, se puso muy mala y el tío dijo que no era cosa de médico (que no había en el pueblo), que la hierbera la ponía bien; pero su hijo mayor, de 16 años, pistola en mano, echó un colchón a una carreta trepó a su mamá y la llevó a Guadalajara donde después de una cirugía heroica de las de esos tiempos, la pusieron bien. Semanas después, regresaron y el tío Lalo no dejó entrar a la casa a su hijo porque, dijo, “mi autoridad no se toca por ningún motivo”, que fue cuando tía Juanita y todos sus hijos lo dejaron, “a darle órdenes a las paredes”, decía la abuela muy sonriente.
Lo que sigue, son hechos rigurosamente ciertos (lea todo si es tan gentil):
La Suprema Corte anuló la polémica reforma judicial impulsada por el titular del Ejecutivo y aprobada por su mayoría parlamentaria. La reforma quitaba el poder ala Suprema Corte y el resto de los tribunales, para revisar y derogar leyes sancionadas por el Legislativo, además de otorgar al gobierno influencia sobre los nombramientos de jueces y ministros.
Los opositores al gobierno criticaron duramente la reforma judicial, asegurando que debilitar el sistema judicial, debilitaba gravemente la democracia del país. Así mismo, el partido al poder, del que surgieron tanto el actual gobierno como su mayoría legislativa, se opuso explícitamente a esta reforma, alegando iba “en oposición al deseo de unidad de la nación (…)”.
La reforma provocó ira en gran parte de la población, hubo manifestaciones masivas de rechazo en las principales ciudades del país, tachando al Ejecutivo de traidor y pidiendo su renuncia. Llamó la atención internacional que centenares de militares, incluidos pilotos de la Fuerza Aérea, amenazaron con no presentarse a servicio de mantenerse la reforma ya aprobada.
La Suprema Corte después de anular por mayoría la reforma al Poder Judicial y las leyes que daban indebida influencia al gobierno en los nombramientos de jueces, emitió un comunicado de prensa manifestando que la reforma causaba “un daño severo y sin precedentes a las características básicas de la nación como Estado democrático”.
Desde la oposición se acogió con satisfacción la anulación de la reforma afirmando que la Suprema Corte “ha cumplido fielmente su papel de proteger a los ciudadanos”. Los líderes de las protestas ciudadanas, expresaron que el tribunal supremo quitaba al país “la espada de la dictadura que teníamos al cuello”.
La resolución de la Corte la acató el gobierno, aunque sus voceros, en franco desacuerdo con la revocación de la reforma, dijeron que “los integrantes de la Corte habían tomado en sus manos todos los poderes”, calificando como antidemocrática tal decisión. El Ejecutivo insistió en que la reforma era necesaria para sanear el equilibrio entre política y justicia.
Como le dije, es rigurosamente cierto, sucedió en enero pasado, en Israel. Si duda de este junta palabras, espero confíe en la BBC, véalo por sus propios ojos en https://www.bbc.com/mundo/articles/c51zd8q2dljo; no anda uno inventando.
La iniciativa fue del primer Ministro, el Benjamin Netanyahu, y ya le andaba costando la chamba.
Y para que se vaya enterando de la pasta que están hechos los servidores públicos en otros países, Yoav Gallant, el equivalente al Secretario de la Defensa de Israel (allá son ministros, es régimen parlamentario),en marzo del año pasado, fue el primero de losministros del gobierno de Netanyahu que se opuso a esta medida, declarando: “La división es cada vez más profunda (…) esto es un peligro claro, inmediato y real para la seguridad de Israel. No voy a facilitarlo”.
Netanyahu amenazó con despedirlo, a fin de cuentas era su Ministro de Defensa, pero se mordió los labios y aguantó vara, ante la presión de otros miembros de su propio gabinete (ya lo despidió ayer pero por otros motivos relacionados con la guerra contra Hamas, otra historia). El punto es que no en todo el mundo los miembros de gabinete son profesionales en doblar el lomo.
Por nuestro lado, ayer quedó claro que la reforma al Poder Judicial se queda como la aprobaron a marro los cuatroteros. Es un adefesio de reforma pero por el momento y por algunos años más, es ley. Punto redondo.
Para anularla se necesitaba el voto de ocho ministros de la Suprema Corte y el ministro Alberto Pérez Dayán anunció que su voto sería en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que algunos partidos políticos, presentaron en contra de la reforma aprobada por el Congreso. Aunque si la anulaban, igual no los iban a acatar. Triste nuestro caso.
No se sugiere que usted diga “amén”. Lo cierto es que nunca se ha anulado una reforma a la Constitución. Y es la primera vez que la Corte se ha metido a analizar en una acción de inconstitucionalidad el proceso de aprobación de la reforma y “los planteamientos materiales” contra ella. La primera vez, por si le dice algo (lo dice González Alcántara Carrancá en su proyecto, párrafo 208, no inventa este menda).
También es cierto que esta acción de inconstitucionalidad, se recibió y aceptó con calzador, porque la presentaron partidos políticos que solo pueden interponer este recurso en contra de leyes electorales federales o locales (artículo 105, fracción ‘f’, de la Constitución). No es el caso. De ninguna manera.
El ministro Pérez Dayán, señor muy serio y ahora sabemos que valiente, porque va a sufrir muchas críticas, no apoya la reforma como quedó y dijo que es “una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo”, pero que no se corrige con otra insensatez, la de ejercer facultades judiciales que no se tienen. Cierto, es una muy legal birria.
Y así, el tenochca estándar, que nada pinta que nada cuenta, queda más confundido que nuestro padre Adán el Día de la Madre, más incómodo que un payaso en un funeral.