Juan Carlos Cal y Mayor
Si uno pregunta en la calle, en un centro comercial o en una escuela, incluso a un nivel universitario, descubrirá que la mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de la gravedad de lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país. No entienden de qué se trata la reforma judicial, pero compran la idea de que los jueces son corruptos, sin saber siquiera a qué ámbito pertenecen. Mejor, dicen, que para no fallar los despidan a todos, hagan una tómbola y que los elija el pueblo. Es, digamos, lo poco que saben los más enterados, y aun entre ellos las opiniones están divididas. Los que aplauden sin cuestionar, no alcanzan a comprender las consecuencias futuras.
Saben lo que hacen
En Morena saben lo que hacen; saben que así es el “pueblo bueno y sabio”. Mientras tengan a 30 millones de personas cautivas dependiendo de sus apoyos económicos permanentes, harán lo que se les dé la gana, hasta que algún día se acabe la alcancía. Eso suele suceder en los primeros años de todos los regímenes estatistas: se roban la piñata y reparten los dulces a placer. La fiesta es un bacanal, pero la resaca es terrible. Por eso da coraje ver a los migrantes con sus letreros diciendo que son “venezolanos”, esperando solidaridad, cuando fueron ellos o sus propios padres quienes llevaron al poder a Chávez y Maduro. Están pagando, tristemente, los errores de la benevolencia que caracteriza a quienes viven hablando de redistribuir la riqueza sin preocuparse por generarla. Acaban con la riqueza y profundizan la pobreza, en eso nadie les gana.
Debut y despedida
Hace ya algunos años impartí clases de derecho constitucional en una universidad privada. Fue debut y despedida. Me tocaron alumnos de octavo semestre, a casi nada de terminar la carrera. En mi primer día de clases les pregunté cuántos diputados integraban el Congreso de la Unión. El primero en contestar me dijo, dubitativo: “¿Dos mil?” Y lo que se me ocurrió decirle fue que ni que fuera el Partido Comunista Chino. Para no hacer largo el cuento, ninguno atinó. Menos aún sabían cuántos diputados tenía el congreso local. Si hubiera sido la carrera de enfermería, lo entendería, pero no en una escuela de derecho cuyos alumnos estaban a punto de graduarse.
La Constitución
En mis siguientes clases les expliqué que la Constitución mexicana se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática —del artículo 1 al 29— contempla los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades sociales. La parte orgánica establece la organización del Estado, la forma en que se gobierna y los poderes públicos, que para su ejercicio se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. México es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos.
El pueblo soberano
Es cierto que la Constitución señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, pero también establece que esa soberanía se ejerce mediante los poderes establecidos mediante elecciones. Salvo el Poder Judicial, dado su carácter de órgano especializado, no politizado ni partidista, a diferencia de los otros dos poderes. Lo menciono porque una y otra vez se recurre al argumento del “pueblo”, la falacia ad populum —cuyos anhelos dicen representar— sin reconocer que no conforma una masa unitaria con pensamiento único, sino que, por el contrario, representa la pluralidad de ideas, usos, costumbres y creencias propias de toda nación y de cada región dentro de ella. Todos los regímenes democráticos adoptan esa noción, salvo los fascistas y comunistas. Lo mismo hacen los llamados socialistas (antesala del comunismo) cuando tratan de imponer sus ideas sobre las minorías. Hay izquierdas democráticas capaces de alternar el poder con otras opciones, e izquierdas autoritarias que derivan en dictaduras cuando destruyen todo el andamiaje propio de las democracias. En eso estamos.
La ley es la ley
Para López Obrador, la ley ha sido siempre un estorbo. Es un anárquico por naturaleza y, ya en el poder, frustró su deseo de convertirse en autócrata. “Que no me vengan con que la ley es la ley”, decía. El Poder Judicial fue un medio de contención contra sus abusos y arbitrariedades, y eso no le gustó para nada. Necesitaba cuatro de los once ministros para que no frenaran las controversias constitucionales. Logró nombrar al menos cinco de ellos, pero dos, Margarita Ríos Farjat y el ministro Alcántara Carrancá, asumieron el cargo con absoluta independencia. El ministro Zaldívar controló temporalmente la Corte a favor del presidente, por lo que intentaron ampliar su mandato dos años más, pero resultaba improcedente. Tampoco tenían el control del Senado, lo que les impedía reformar la Constitución a su antojo. Salvo el presupuesto, todas las reformas legales —y más aún las constitucionales— deben pasar por ambas cámaras, y el Senado fue un dique durante seis años. Cuando la diferencia se redujo a un solo voto, les resultó fácil coaccionarlo: un senador vendió su dignidad a cambio de su supervivencia. El fin justificó los medios.
Supremacía presidencial
López Obrador logró finalmente su cometido, heredando a Claudia un régimen absolutista. So pretexto de hacer valer la supremacía constitucional, consolidó la supremacía presidencial. En la universidad, mi maestro de derecho constitucional dibujaba una pirámide para explicar el principio de supremacía constitucional, colocando a la Constitución por encima de las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, las constituciones estatales y sus propias leyes secundarias, asi como los reglamentos municipales. Solo que, a la par de la Constitución, de manera colateral, se colocan los tratados internacionales, que tienen el mismo rango obligatorio de la Constitución. Entre ellos está la adhesión a la Carta Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. Todos ellos obligan a nuestro país y pueden hacerse valer ante los organismos internacionales sin menoscabo de la soberanía. Es ley en nuestro país.
En Baviera
No es cierto que la Corte esté por encima del Poder Legislativo. No basta con tener la mayoría y decir que representa la voluntad popular. Es necesario respetar los procedimientos y la forma, así como el fondo; es decir, que las iniciativas no atenten contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Tampoco es válido el argumento de que se trata del poder constituyente, porque no estamos hablando de una nueva Constitución. Hablamos, entonces, de un poder instituido y regulado por la propia Constitución, cuyos enunciados no puede violentar. Mientras todo esto sucede, no se pueden desacatar los mandatos judiciales mientras el Poder Judicial actual siga vigente. Es grave para el país que, desde la propia Presidencia y el Poder Legislativo, se siga actuando al margen de la ley. Todos esos ciudadanos que hoy andan en Baviera no saben lo que nos espera si, como todo parece indicar, contra viento y marea, el golpismo legislativo prospera.
