* La organización critica a la Fiscalía de Justicia Indígena por presuntamente violar los derechos humanos de los hijos de Juana, obligándolos a firmar declaraciones falsas en su contra.
Daniela Alfaro
Familiares de Juana Santiz Jiménez y su yerno Ernesto Gómez Pérez han denunciado irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Justicia Indígena. Ambos han sido sentenciados a 25 años de prisión por homicidio en un caso relacionado con la muerte de Juan Gómez Pérez, esposo de Juana y padre de los hijos de la pareja, ocurrido en Naranjatik Bajo, Chenalhó, en 2022.
La Colectiva Cereza, defensora de los derechos humanos de mujeres en situación de cárcel, afirma que la Fiscalía ha violentado los derechos de los hijos menores de Juana. Se les obligó a firmar declaraciones falsas en contra de su madre, bajo la amenaza de ser acusados del asesinato de su padre. Estos menores, identificados como ESS y CSS, fueron manipulados en el proceso judicial.
A pesar del historial violento de Juan, que incluye la expulsión de varias comunidades y la acusación de haber asesinado a uno de sus hermanos, la Fiscalía optó por acusar a Juana y Ernesto. Las abogadas de la Colectiva han calificado esta acusación como basada en “estereotipos y prejuicios”, señalando que la relación entre Juana y Ernesto no es un motivo válido para el homicidio.
Patricia Aracil, abogada de la Colectiva, ha anunciado la intención de apelar la sentencia. Argumenta que el caso ha sido construido sobre fundamentos erróneos y que la defensa de Juana y Ernesto debe ser escuchada, pidiendo su libertad inmediata.
Además, se ha señalado que los testimonios de los menores fueron presentados sin el debido proceso. Fueron declarados “no aptos” para testificar, y su declaración se leyó en el juicio, a pesar de que la supuesta evaluación psicológica que sustentaba esta decisión no contaba con pruebas clínicas sólidas.
La Colectiva Cereza ha exigido una investigación imparcial y el respeto a los derechos de Juana, Ernesto y los menores involucrados. Denuncian que el caso refleja no solo el machismo y los prejuicios contra las mujeres indígenas, sino también un abuso de poder por parte de las autoridades que intervienen en el proceso judicial.
