* Anaís Elena López Maya, vocera del movimiento, declaró que la reforma pretende someter al Poder Judicial y atenta contra los derechos de los trabajadores.
Daniela Alfaro
Más de 800 trabajadores del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación en Chiapas suspendieron sus labores de manera indefinida desde el 19 de agosto de 2024. La decisión se tomó en respuesta a la Reforma Judicial impulsada por el gobierno federal, que contempla la eliminación de la carrera judicial y modificaciones en el funcionamiento del sistema.
Encabezados por Anaís Elena López Maya, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito y vocera del movimiento, los trabajadores expresaron su desacuerdo con la reforma, argumentando que afecta la estructura del Poder Judicial. “La reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, única defensa de todas las personas contra los abusos y las arbitrariedades de las autoridades. Además, atenta contra los derechos de la base trabajadora al eliminar de hecho la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales”, afirmó López Maya.
Durante la manifestación, los trabajadores colocaron lonas y entonaron el himno nacional frente a las instalaciones del Poder Judicial en Chiapas. Anunciaron que, durante el paro, solo se atenderán casos urgentes en materia penal, donde esté en riesgo la vida de las personas o sea necesario otorgar la libertad.
La reforma, según los trabajadores, no ha sido discutida de manera suficiente con los involucrados en el sistema judicial. “Aunque la base trabajadora intentó, por diversos medios, agotar la vía del diálogo para exponer las razones de por qué la reforma judicial en los términos propuestos es perjudicial y no resuelve los problemas de justicia en México, no fuimos escuchados”, añadió la vocera. En consecuencia, exigen que se suspenda el proceso legislativo y se inicie la redacción de una nueva propuesta que contemple las necesidades del sector.
Este paro en Chiapas es parte de una movilización a nivel nacional, cuyo objetivo es cuestionar las modificaciones propuestas y participar en la creación de un nuevo marco normativo para el Poder Judicial. Las actividades se mantendrán detenidas hasta que se logre un acuerdo entre las partes involucradas.
