* Los barrios de El Parralito, El Nuevo Parralito y El Caballete presentaban signos evidentes de saqueo, incluyendo la desaparición de bienes como vehículos y electrodomésticos.
Redacción / Alfaro Noticias
Después de un mes de desplazamiento, residentes de la Sierra Madre de Chiapas han regresado a sus hogares para descubrir que sus propiedades han sido saqueadas. La violencia perpetrada por el Cártel Chiapas-Guatemala forzó la evacuación de aproximadamente 15 mil personas de las comunidades de Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo.
El éxodo comenzó hace un mes cuando grupos criminales amenazaron a los habitantes con violencia armada, exigiendo que se unieran a sus filas. Al enterarse de que los grupos criminales habían abandonado la región el fin de semana pasado, algunos residentes decidieron regresar a sus casas, cruzando la frontera a pie y utilizando veredas.
Durante su regreso, los desplazados encontraron un campamento que los criminales habían utilizado en una cueva cercana. Los barrios de El Parralito, El Nuevo Parralito y El Caballete presentaban signos evidentes de saqueo, incluyendo la desaparición de bienes como vehículos y electrodomésticos.
En declaraciones para el medio NMÁS, Luis Rodríguez, uno de los residentes afectados, expresó: “Regresamos con la esperanza de encontrar algo de lo que dejamos atrás, pero todo estaba saqueado. Nos llevamos una gran decepción al ver nuestras casas en estas condiciones.”
María Gómez, otra residente desplazada, agregó: “Hemos pasado mucho frío y hambre desde que nos fuimos. Ahora, regresar y ver nuestras pertenencias robadas es devastador. Solicitamos al gobierno que nos brinde apoyo y seguridad.”
Las familias afectadas enfrentan condiciones difíciles debido a la falta de protección y la destrucción de sus propiedades. Muchas de estas familias habían buscado refugio en comunidades vecinas en Guatemala o en otras localidades cercanas de México.
Los residentes han solicitado asistencia tanto al gobierno de México como al de Guatemala para garantizar su seguridad y apoyo en el proceso de retorno y reconstrucción. Los afectados piden medidas adicionales para asegurar la protección de sus comunidades y la recuperación de sus bienes.
