* Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acusa a la Unidad de Inteligencia Financiera de usar sus poderes arbitrariamente para perseguir a personas.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha expresado su profunda preocupación por lo que consideran una persecución injustificada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de su presidenta, María Amparo Casar, y su fundador, Claudio X. González. Según la organización, esta acción representa un uso arbitrario de los poderes del Estado para intimidar a aquellos que investigan y denuncian actos de corrupción.
En un comunicado, MCCI denunció que este tipo de acciones establecen un precedente peligroso e inaceptable en una democracia, donde el ejercicio de la libertad de expresión no debería ser motivo de persecución. Enfatizaron que el poder del Estado debería enfocarse en desmantelar las redes de corrupción documentadas, como el desvío de más de 15,000 millones de pesos en Segalmex, y no en quienes las investigan y denuncian.
MCCI ha sido una voz crítica respecto a diversos actos de corrupción durante el actual gobierno, incluyendo la llamada “Casa Gris”, donde se denunció que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, vivió en una residencia de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que recibió contratos de Pemex por 150 millones de pesos. Este tipo de investigaciones han expuesto a la organización a varios ataques y acusaciones.
El caso reciente incluye una acusación contra María Amparo Casar, quien fue señalada de haber cobrado indebidamente una pensión de más de 31 millones de pesos por supuestamente manipular la causa de muerte de su esposo. Además, en las elecciones del 2 de junio, Claudio X. González fue criticado por apoyar a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, lo que ha intensificado las tensiones.
Peniley Ramírez, periodista que ha seguido de cerca el caso, informó sobre la existencia de una investigación de la UIF en contra de Casar, González y otras personas. Esta situación, según MCCI, refleja un preocupante patrón de persecución con fines políticos, que socava los principios democráticos y el combate efectivo a la corrupción.
La organización reiteró que quienes denuncian actos de corrupción no deben ser vistos como adversarios del gobierno, sino como aliados en la lucha contra una de las problemáticas más persistentes en el país. En un régimen democrático, subrayaron, no debería haber espacio para la persecución de aquellos que evidencian problemas que el gobierno tiene la obligación de resolver.
