* Buscan legalizarlas con el respaldo de la SEMARNAT y garantizan su compromiso de cuidar y preservar el entorno natural del cañón.
Daniela Alfaro
Un total de 91 familias que residen en las inmediaciones del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, están demandando la seguridad jurídica de sus viviendas. Estas han estado en espera mientras el proceso de reconocimiento de sus hogares avanza, encontrándose actualmente en el paso número 24 de los 25 requeridos.
Desde el 9 de septiembre de 2021, estas familias han estado a un paso de que se cumpla el proyecto que excluye a 91 colonias asentadas en una superficie de 2 mil 910.70 hectáreas, así como la inclusión de una superficie en buen estado de conservación con el fin de proteger la totalidad del Cañón y su paisaje.
A través de diversas dependencias como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como con la colaboración de representantes de las colonias afectadas como El Refugio, Julio César Ruiz Ferro, Plan Chiapas, Trituradora, Benito Quezada e Independencia 2000, han seguido de cerca este proceso.
Éner Caballero Figueroa, vocero de las familias afectadas, señaló la importancia de la intervención del presidente López Obrador para garantizar la legalización de sus hogares. “Nos dirigimos al presidente, quien ha sostenido que en su gobierno son primero los pobres, y los pobres de Chiapas siguen esperando certeza legal de los terrenos donde se encuentran construidas sus humildes viviendas”, expresó.
La incertidumbre persiste entre estas familias, quienes esperan que el presidente pueda cumplir con su compromiso antes de que finalice su mandato, asegurando un hogar seguro para ellos y las futuras generaciones que habiten en estas comunidades.
