Héctor Estrada
Apropiación de espacios públicos, vínculos con la red de notarios imputados en la “Estafa Maestra” y enriquecimiento inmobiliario sospechoso, son los señalamientos que apuntan ahora a Juan Carlos Salazar Farías, otro de los hijos del empresario Emilio Enrique Salazar Narváez quien durante los últimos años se ha visto envuelto en disputas interminables con sus sobrinos e hijo por el control de la Universidad Salazar.
El escándalo que hoy ha colocado a otro de los Salazar en el centro de la controversia tiene que ver de manera directa con el presunto uso de trampas notariales para ejecutar despojos y apropiarse de espacios comunitarios en colonias de la capital chiapaneca, así como la relativamente rápida adquisición de numerosas propiedades en Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla.
El caso más relevante de dichos procedimientos anómalos fue documentado en el Fraccionamiento de San Martín, al norte poniente de la capital estatal. Ahí fueron los mismos colonos quienes denunciaron la apropiación irregular de un área destinada legalmente para uso comunitario o espacio público que, sin notificación alguna, fue escriturada a nombre de Juan Carlos Salazar.
Se trata un predio de 256 metros cuadrados que la desarrolladora inmobiliaria del fraccionamiento (Inmobiliaria Cal y Canto S.A. de C.V.) destinó como “Área de Donación II” desde que el conjunto habitacional fue construido. Sin embargo, fue en 2017 cuando los colonos fueron informados que el predio tenía un inexplicable documento notarial de compraventa a nombre María de la Paz “N.” y Juan Carlos Salazar Farías.
No importó que el área de uso común estuviera reconocida por documentos oficiales de Tenencia de la Tierra y la Coordinación de Recaudación Tributaria y del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, bajo el número de expediente TM/CRT/ATyC/0129/2009. De manera, por demás irregular, el predio contaba ahora con un documento de adquisición sellado y avalado por Notaría 104 de Jorge Rovelo Castellanos….
Sin embargo, no es la primera vez que las irregularidades notariales orquestadas por Juan Carlos son exhibidas con tanto detalle. A principios del presente año fue su propio hermano, Emilio Salazar Farías, quien lo denunció penalmente por haber falsificado actas de asamblea donde supuestamente el antes mencionado renuncia a sus acciones (más del 90% de la sociedad) y es expulsado de la sociedad que administra a la Universidad Salazar.
El proceso penal que se mantiene vigente tiene dentro de los expedientes pruebas que demuestran la alteración de firmas e inconsistencias graves en la expedición de los documentos notariales. No obstante, el dato más interesante de este último caso tiene que ver específicamente con el notario ejecutor del presunto fraude. Y es que, se trata nada y nada menos que de Luis Alberto Albores Figueroa, involucrado de manera directa en la red notarial de la estafa maestra.
En diciembre del 2019 Albores Figueroa y su Notaría Pública 178, con sede en Parral, Chiapas, cobraron relevancia tras ser incluidos como pieza clave del fraude cometido, por la propia Rosario
Robles y Javier Duarte, contra Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante la creación de empresas fantasma y la realización de pagos simulados.
Y es que, según consta en la investigación, cinco de las 10 empresas fantasma involucradas en dicho fraude fueron constituidas el mismo día (29 de diciembre de 2014) nada más y nada menos que por la notaría de Albores Figueroa en El Parral. Fueron empresas creadas de manera exprés, subcontratistas de millonarios recursos federales, que extrañamente decidieron ser conformadas en una notaría remota de la república mexicana y se convirtieron en el centro de la fraudulenta red nacional.
Esa fue la notaría utilizada por Juan Carlos para ejecutar su maniobra sobre la Universidad Salazar, según consta en la denuncia penal. Y los casos similares de despojo mediante falsificaciones o irregularidades notariales son aún más. Por eso hoy no resulta tan extraño el enriquecimiento inmobiliario que Juan Carlos, actual mano derecha del empresario Emilio Salazar Narváez, ha acumulado durante los últimos años con 16 propiedades de gran plusvalía, tan sólo en Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla.
Se trata de predios millonarios en colonias y fraccionamientos como: Bonampak con más de mil 560 metros cuadrados; dos en Las Palmas con más de dos mil 400 metros cuadrados; uno en Terán de 600 metros cuadrados; uno en el fraccionamiento LUM-HA de 162 metros cuadrados; uno en Lomas del Campestre con extensión sin precisar; uno sobre el Libramiento Sur Poniente; y uno más en Ocozocoautla con más de 600 metros cuadrados; por mencionar algunos.
Además de gasolineras como la ubicada en las inmediaciones de la colonia Zoque, denunciada por vecinos en 2015 debido al presunto tráfico de influencias que ocasionó la destrucción de las calles de la colonia para permitir la conexión del establecimiento a las redes de drenaje público.
La serie de señalamientos que tiene ahora a Juan Carlos Salazar Farías en el centro del escándalo ha destapado vínculos con redes notariales delincuenciales mucho más complejas que exponen sus peligrosas relaciones y podrían ser hilos conductores a investigaciones más profundas. Sin embargo, lo que genera mayor indignación es justo el perjuicio contra los habitantes de la capital chiapaneca y sus espacios públicos con descarados despojos no pueden quedar en la impunidad… así las cosas.