Héctor Estrada
Conmemorar este martes el Día Internacional contra la LGBT-fobia sigue siendo un tema que preocupa, pero, sobre todo, que duele. Y es que, en pleno 2022 esta condición continúa siendo una situación de alto riesgo para miles de personas que todos los días se ven obligadas a enfrentarse al rechazo, la discriminación y el odio sistemático, que, pese a los avances jurídicos y sociales, todavía oprime con fuerza, cobrando vidas inocentes.
Y de verdad que no se trata de una exageración. Según la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, entre 2013 y 2018 en México fueron asesinados 473 jóvenes homosexuales y mujeres transexuales en el país. Tan sólo entre mayo de 2020 y abril de 2021 se registraron un total de 87 crímenes contra esta comunidad LGBT+, con lo que la república mexicana se mantiene el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia en América Latina.
Entre el 51 y 65 por ciento de quienes respondieron a la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, señaló haber sido discriminado para obtener un trabajo o un ascenso. Y es quizá por eso que el 56% de las personas de la diversidad en el ámbito laboral, no expresan abiertamente su preferencia sexual, según reporta la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral en su última encuesta.
El estudio “El Consumidor LGBT+ mexicano” de Nielsen México”, arrojó que el 40% de los encuestados ha sufrido alguna agresión verbal o física por su orientación sexual o identidad de género; y que el 56% de la población heterosexual sigue mostrando rechazo público o violento hacia las personas de la diversidad.
De acuerdo con el Informe de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México, durante la pandemia –que ha exacerbado las desigualdades sociales prevalecientes en nuestro país– las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual, expresión o identidad de género, se han visto gravemente afectadas. Su acceso a la justicia y a la protección ha sido poco o nulo.
Tan sólo durante 2020, según los registros de las organizaciones integrantes del Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, en diez entidades (Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz) se reportaron 43 asesinatos, y la Ciudad de México fue donde más casos ocurrieron.
Lamentablemente en México no hay un registro oficial sobre los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género, por lo que el trabajo del Observatorio Nacional es de gran relevancia y resulta necesario señalar, además, que por cada registro hay tres casos que quedan invisibilizados.
La existencia de un Estado débil, manipulable y sometido a grupos religiosos, capaces de condicionar votos para sostener sus privilegios, mantiene en pleno siglo XXI a un importante grupo de la población en el rezago y la vulnerabilidad en lo que respecta a la protección y aplicación efectiva de
sus Derechos Humanos. El Estado ha sido omiso en sus obligaciones y eso ha sido causa del complicado escenario que hoy se vive.
De nada sirven las garantías constitucionales de Estado laico, no discriminación e igualdad ante la ley o los tratados internacionales firmados por nuestro país, mientras sigan siendo utilizadas sólo como elemento de negociación política dentro de los tres “Poderes de la Unión”. Las marchas, manifestaciones y luchas sociales serían realmente innecesarias si el Estado cumpliera sus obligaciones de ley. Pero no es así.
La violación a los Derechos Humanos de la población LGBT es sistemática. Es un odio o repulsión disfrazado de falsa tolerancia, que asegura respetar dicha condición mientras se mantenga invisible a la “normalidad cotidiana”. La clase política se ha vuelto cómplice de la segregación, dispuesta a ignorar su responsabilidad legislativa y ser expuesta ante las últimas instancias jurisdiccionales con tal de no reconocer derechos que podrían restarle votos a la hora de saltar nuevos cargos públicos.
Las luchas sociales no son sencillas. Duelen, cuestan e incomodan, sobre todo a quienes se sienten dueños de la verdad absoluta. A quienes están dispuestos a pelear para impedir que los diferentes accedan a sus mismos derechos y sus concepciones de vida pesen incluso sobre quienes piensan distinto. La convivencia humana se sustenta precisamente en el respeto a las diferencias, como parte de la naturaleza misma, donde todas y todos tengan derecho a ser, amar y vivir con dignidad… así las cosas.
