Elva Narcía Cancino
- Mujeres indígenas se pronunciaron en contra de un modelo impuesto de desarrollo
- Debe garantizarse el derecho a la consulta y para llevar a cabo esa consulta, hace falta que mecanismos y protocolos sean establecidos desde los pueblos indígenas
- La consulta no es el derecho, “el derecho madre es el derecho a la autodeterminación”
- La consulta debe hacerse con autoridades legitimadas
- Peligroso construir rutas de Tulum a Bacalar de Bacalar a Calakmul y de Calakmul a Escárcega
- Preocupa la especulación, el desalojo de las personas que habitan las zonas por donde va a pasar el ferrocarril
Reunidas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y convocadas por organizaciones de la sociedad civil organizada en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), un grupo de mujeres indígenas, académicas especialistas en conservación ambiental, conservación del patrimonio cultural, infraestructura sustentable y desarrollo regional, procedentes de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y distintos municipios del estado de Chiapas, se dieron cita para participar en el foro regional “Voces de Mujeres en torno al Tren Maya”.
El objetivo general del foro fue conocer y visibilizar la opinión y el análisis de las mujeres de esos cinco estados por donde se ha anunciado transitará el llamado Tren Maya. En redes sociales fue duramente cuestionado que solamente mujeres participaran como panelistas, pero la idea del foro no fue excluir sino visibilizar y magnificar las voces de quienes, particularmente en pueblos y comunidades indígenas, difícilmente son tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones, además de que en temas de innovación, ciencia y tecnología predominan las voces masculinas.
Fue así como desde esta plataforma se examinó el impacto del Tren Maya tanto en los derechos de los pueblos y cultura indígena, medio ambiente, patrimonio cultural y social y el panorama de desarrollo a futuro para la región.
Un foro convocado por la Asociación Civil Glifos Comunicaciones, el Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción (CMPIC) y el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad de la UNACH.
Los pueblos indígenas exigen ser actores, sujetos de derecho público, que decidan conforme a su cosmovisión
En dicha plataforma y de una manera contundente, mujeres indígenas se pronunciaron en contra de un modelo impuesto de desarrollo, dijeron que las pueblos originarios deben decidir qué tipo de desarrollo quieren y ello debe hacerse en asambleas comunitarias, respetando la cosmovisión de los pueblos originarios y construir propuestas de manera colectiva.
Debe garantizarse el derecho a la consulta y para llevar a cabo esa consulta, hace falta que mecanismos y protocolos sean establecidos desde los pueblos indígenas, no desde el gobierno y deben contemplar los principios de participación culturalmente adecuada, intercultural, pertinente, sistemática y transparente.
“La consulta debe realizarse con la participación de todas las comunidades involucradas, y se debe incluir a las mujeres” dijo Maritza Yeh Chan, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para la región peninsular.
El pasado mes de noviembre fueron llevados a consulta ciudadana los programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pero, en lo que fue calificada como una franca violación a los convenios internacionales, en particular el 169 que establece la consulta previa a los pueblos originarios sobre los proyectos que les afecten directamente, Fátima Gamboa, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, aseguró que “las autoridades ya han violado al derecho de consulta”.
“La consulta realizada en noviembre fue ciudadana y no aterriza a lo establecido con el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Constitución. Si no se llega hacer en esos términos, se demostrará que no vivimos una democracia. El derecho a la consulta, debe ser un requisito que se debe garantizar” indicó la abogada comunitaria Yaneth del Rosario Cruz Gómez y agregó que “no se ha reconocido a los pueblos originarios como sujetos de derecho, los ven como objetos de interés público”.
La abogada Fátima Gamboa añadió que la consulta no es el derecho, “el derecho madre es el derecho a la autodeterminación, el derecho de cómo queremos vivir, con identidad, decidiendo cómo queremos que sea la salud, cómo queremos que sea nuestra educación. Nos ven como sujetos sin capacidad de proponer, como niños, que se nos tiene que asistir con apoyos”. También explicó que los pueblos indígenas son muy diversos y que no existe una fórmula que describa a cada pueblo o que guíe a un protocolo para hacer consultas con la misma lógica.
“Que sea la asamblea comunitaria quien lleve la voz, no falsas autoridades que están afectando a los pueblos indígenas. Está consulta debe hacerse con autoridades legitimadas”.
Fátima Gamboa, considera que es difícil predecir el impacto del Tren Maya si no se da la información suficiente y si no hay una interlocución. “No nos oponemos al proyecto, pero sí queremos información”.
“El Presidente Andrés Manuel, ha dicho que el Tren Maya traerá turismo, lo cual se traduce en derrama económica y por tanto en desarrollo pero nos preguntamos ¿Qué trabajo? ¿Desarrollo? ¿Para quién? ¿Queremos este desarrollo para que al final no tengamos acceso?, ¿Derrama económica para quién?, tendremos menos acceso porque todo se encarece y nosotros nos vamos cada vez más a las periferias, nos está costando comprender lo que es el “modelo económico” queremos que sea una estructura justa, equitativa ¿Por qué no podemos ser socios? ¿Por qué no podemos ser inversionistas en términos de horizontalidad?”.
Respetar la Selva
Desde esa plataforma hubo también un llamado a la cautela, se pidió a las autoridades que se respete la selva, se dijo alto y claro que es muy peligroso construir rutas de Tulum a Bacalar de Bacalar a Calakmul y de Calakmul a Escárcega.
“Sabemos que la reserva de la biosfera de Calakmul, una de las paradas del Tren Maya, constituye la segunda reserva más importante de América después de la Amazonia, esto hace que la zona no solo sea de vital importancia para conservar la productividad de milpas, apiarios y la disponibilidad de agua para los habitantes de la Península, también hace que sea uno de los principales pulmones que quedan en el planeta” advirtió la doctora Casandra Reyes García, Investigadora de la línea de cambio global en ecosistemas neotropicales del Centro de Investigación Científica de Yucatán.
Se dijo que el Tren Maya puede ser beneficioso para tramos con flujo vehicular alto¸ como Campeche-Mérida, Mérida-Cancún, Cancún-Tulum pero que es “muy malo para la ecología” que el tren transite por áreas que tienen cobertura de Selva que comprende tanto áreas naturales protegidas como reservas de la biosfera como Calakmul y Sian Ka’an, así como por zonas rurales donde la gente practica la milpa y la apicultura.
Las selvas constituyen un hábitat de especies de fauna en peligro de extinción, el hábitat de abejas que permiten que haya productividad de miel y también la polinización para las plantas en general y en particular para los cultivos de las zonas.
“La principal preocupación no son los árboles que van a perderse durante la construcción que son los menos y son en los que se ha concentrado el discurso público. Lo más grave es el crecimiento que significa hacer funcionar esas estaciones, esos sitios turísticos y el impacto que van a tener en las selvas”.
El precio de la tierra
El incremento de los precios de la tierra por las zonas por donde pasará el Tren Maya es también un tema de preocupación, particularmente la especulación, el desalojo de las personas que habitan las zonas por donde va a pasar el ferrocarril.
Se puso como ejemplo la Riviera Maya en donde las tierras le fueron compradas a los ejidatarios por precios injustamente bajos, después fueron excluidos de las ganancias subsecuentes y se quedaron como trabajadores en los hoteles, con bajos salarios, sin prestaciones o prestaciones de mala calidad.
Esos ejidatarios no son accionistas de los hoteles o restaurantes y han tenido que dejar a sus familias y sus hogares para vivir desarraigados de su cultura. La pregunta que se planteó fue si ese es el bienestar que se busca.
Dora Elia Ramos Muñoz del Grupo procesos culturales y construcción social de alternativas del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Villahermosa, explicó que las mujeres no son propietarias de la tierra y que los hombres “las venden o las juegan”, por ello considera necesario crear cinturones institucionalizados más allá del registro público de la propiedad.
“La norma establece que el intercambio en la propiedad se realiza en el registro Público de la Propiedad o el Registro Agrario Nacional, pero hay más allá de eso. Hay usufructo, uniones libres, escrituras públicas y privadas, testamentos, intestados, usos y costumbres. Así que paralelamente al núcleo de la norma se puede elaborar un cinturón de protección, esto es: los procedimientos, los recursos, las funciones y las oficinas involucradas en la implementación de la norma que cuiden la legalidad del intercambio”.
“Si ahí se logra escuchar a mujeres, hombres, asambleas, familias, es posible institucionalizar un cinturón de protección que regule el intercambio en la propiedad. En México hay evidencias que el cinturón de protección puede permitir la captura de los recursos por ciertos grupos, la desviación de los objetivos de los programas y la corrupción”.
En el foro se plantearon otras propuestas y medidas de mitigación. Se planteó la creación de un Observatorio para asegurar la participación de las mujeres en el proyecto Tren Maya, pues “el sector de la construcción es eminentemente masculino”, otro Observatorio para el impacto del turismo en las comunidades y pueblos originarios y también un Observatorio ciudadano para dar seguimiento a la implementación de este megaproyecto.
Se planteó como urgente monitorear a los cuerpos colegiados, a aquellas personas que van hacerse cargo de los recorridos de impacto ambiental, se dijo necesario que haya cuerpos colegiados externos para supervisar el trabajo de la institución que va a llevar a cabo el estudio de impacto arqueológico, porque en este tipo de evaluaciones “hay colusiones, hay facilitadores para una u otra obra a nivel nacional”.
“Vamos a tener que cuidar los fondos de financiamiento para evitar prácticas de corrupción” comentó la arqueóloga Keiko Teranishi, tras admitir que se carece de la síntesis catastral de vestigios arqueológicos de la zona para poder evaluar el impacto real que tendrá esta obra.
“No existe un Atlas arqueológico en una sola base de datos y para hablar de un impacto es necesario conocer el universo total. Ese es un trabajo que apremia”.
Las especialistas hablaron también de su preocupación por el alto flujo de turistas que podría atraer el Tren Maya hacia la región, el posible crecimiento de la mancha urbana que a la larga podría invadir selvas y sitios arqueológicos, se dijo que ya hay antecedentes en los que los pobladores dejan sus parcelas para sumarse al sector de servicio al turismo vendiendo refresco, sirviendo en hoteles y restaurantes.
“Los estudios ambientales nos dicen que los trenes impactan la vida silvestre de manera inmediata, pero impacta mucho más el crecimiento posterior de las ciudades, entonces hay que asegurar que no crezcan las ciudades”.
Lo más difícil será coordinar el conceso local, coordinar con hombres, mujeres, ancianos, indígenas, no indígenas, coordinar a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador y a quienes no votaron por él, eso es una de las cosas más difíciles.
Se trata de crear un cinturón de protección que nos ayude a mantener los beneficios, que el beneficio local exista y que no sea pensado solamente el beneficio para la nación porque la nación parece una construcción muy bonita que vive en el norte del país y necesitamos una nación que también esté en el sur de México.
**Elva Narcía es presidenta de la Asociación Civil, Glifos Comunicaciones, agencia especializada en comunicación para el desarrollo y para el cambio social. Trabajó durante 15 años en la BBC de Londres como productora, editora, corresponsal y capacitadora de periodistas. Fue directora de proyectos para Internews en Afganistán, Pakistán y Sudán del Sur. Fundadora de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Consejera de la Red Internacional de Periodismo Ético con sede en Londres.
