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PVEM impulsa ley de protección a grandes corporativos trasnacionales y criminaliza a campesinos: CHAPINGO

PVEM impulsa ley de protección a grandes corporativos trasnacionales y criminaliza a campesinos: CHAPINGO
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(CODICS).-  Gerardo Noriega Altamirano, profesor – investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, condenó y rechazó la iniciativa de Ley promovida por el Partido Verde Ecologista que criminaliza la producción alimentaria de los pequeños agricultores y  campesinos y busca proteger a los corporativos internacionales con un mercado de 8.2 millones de hectáreas de agricultura convencional.

En entrevista a medios advirtió que está iniciativa de ley, que estará en análisis en el Senado de la República, persigue y criminalizar a campesinos, indígenas y pequeños agricultores por el hecho de elaborar sus propios fertilizantes y minerales que mejoran la calidad de su tierra y alimentos.

Sostuvo que de pasar dicha ley se prevé una alza en el precio de los alimentos ya que todos los insumos tendrán que ser adquiridos a los grandes consorcios, los cuales tabulan sus precios en dólares.

Por ello, el profesor – investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano, llamó a defender la producción nacional de alimentos a través de una política de Estado para el desarrollo sustentable de los suelos de México.

El especialista de la UACh acusó al Partido Verde Ecologista de ser el defensor de la organización Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT) integrada por medio centenar de empresas como: Bayer, Monsanto, Dupont, Singenta, Basf, entre otras.

“Esto es un llamado a todos aquellos que vienen desarrollando prácticas sustentables para incrementar la fertilidad del suelo, atender la nutrición de los cultivos y transitar hacia la autosuficiencia y seguridad alimentaria”, dijo

 

Además, insistió “es una advertencia a los consumidores, que una medida como la impulsada por el Partido Verde Ecologista es la antesala para el incremento de los costos de producción de los productos agroalimentarios, en consecuencia, es el alza a los precios de los alimentos”.

Sostuvo que la iniciativa de Ley olvida los problemas de los agricultores de México, del patrimonio suelo, la seguridad alimentaria, la pobreza y el desarrollo.

La iniciativa presentada por los Diputados Federales del PVEM impulsa un artículo a la Ley General de Salud, que sería el 465 BIS, donde defiende a los corporativos de insumos como los plaguicidas, expuso Gerardo Noriega Altamirano, investigador de la UACH, en entrevista.

Denunció que está propuesta establece, en el Artículo 465 Bis, la criminalización al pequeño agricultor al advertir que “al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil la Unidad de Medida y Actualización”.

Entonces, explicó el especialista, está claro que el campesino que elabore, por ejemplo, un mejorador de suelos, que puede ser una composta o una mezcla de minerales, puede estar realizando una actividad en contra de la Ley, que de ninguna manera es lo mismo que ese insumo carezca de documentación.

Eso significa que los agricultores mexicanos solo deberán utilizar insumos agrícolas de patente y por tanto se espera un incremento a los costos de producción.

Otro caso que se verá afectado con esta iniciativa de Ley es la agricultura orgánica pues en México se realiza en 584,093 hectáreas.

Ese será otro mercado cautivo para los corporativos internacionales.

En la producción orgánica las 1800 operaciones orgánicas de unas 700 organizaciones de productores orgánicos, producen sus insumos, carecen de patentes o registros, si bien es cierto que cuentan con un proceso de acreditación según la normatividad orgánica, el hecho de elaborar sus insumos los encajonará en una situación en contra de la Ley, eso significa ilegal.

Aseguró que en México ésta iniciativa, de convertirse en ley, impactará en la agricultura mexicana; en las 728,654 ha plantadas con café, con un rendimiento medio de 4.56 quintales por hectárea.

Asimismo en 1.46 millones de hectáreas sembradas con frijol, con un rendimiento medio de 680 kilos/ha.

Pero además en 6.0 millones de hectáreas cultivadas con maíz, con un rendimiento medio de 2.08 toneladas/ha.

Lo anterior porque los corporativos internacionales aseguran un mercado de 8.2 millones de hectáreas en la agricultura convencional y por tanto los consumidores conocerán del incremento de los precios de los alimentos en poco tiempo, sentenció.

Entonces es evidente que el Partido Verde Ecologista busca privilegiar a los corporativos internacionales como proveedores nacionales de insumos agrícolas; no es interés restaurar la fertilidad del suelo.

Hizo ver el especialista, que en México existen 139,997,632 ha, equivalentes al 70% de los suelos mexicanos poseen niveles de muy bajos a medios de materia orgánica, requieren mejoradores de suelos, entonces la iniciativa del Partido Verde Ecologista debería estar dirigida a establecer un Programa en la materia.

Asimismo debería, el PVEM, abrir el marco jurídico para fortalecer a la industria nacional para elaborar insumos para restaurar y mantener la productividad, además de dar facilidades para que los campesinos mexicanos elaboren sus insumos.

Más aún México tiene un patrimonio territorial de 196.43 millones de hectáreas, de ellas en el 76% (149.28 millones de ha) ocurre el fenómeno de remoción de la capa superior del suelo; en el 17% del territorio sucede la degradación química de suelos; degradación de suelos significa pérdida de fertilidad, de materia orgánica, incremento en el área improductiva.

El suelo es vital para la producción de alimentos, agua, medicamentos, conservación de la biodiversidad, regulación climática, vivienda y otros satisfactores.

La degradación de suelos se traduce en pobreza, salud, desnutrición, inseguridad alimentaria, migración, en síntesis, atenta contra los derechos humanos.

Esta adición a la Ley General de Salud se traduce en una criminalización del pequeño productor, de campesinos hombres y mujeres, de comunidades indígenas, de cooperativas agropecuarias, de sociedades de producción rural, de los pequeños y medianos empresarios del campo mexicano que practican una agricultura libre de agro tóxicos y venenos agrícolas, produciendo sus propios abonos y biofertilizantes.

Por lo tanto una medida privatizadora del campo mexicano y la prohibición del derecho a una alimentación sana de todo el pueblo de México, libre de venenos y agroquímicos es una aberración

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