Fue el pasado 6 de julio cuando la doctora Alejandra López Natarén, médico de guardia del Hospital del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, vivió uno de los episodios más aterradores de su vida. La desesperación e histeria desatada por familiares de un paciente provocó una golpiza brutal sobre su anatomía que a un mes de lo sucedido la mantiene sin recuperar la vista total en uno de sus ojos y con una lesión cervical que podría implicar cirugía.
Fue alrededor de las 03:00 horas de la madrugada cuando, cerca del área de urgencias, tres mujeres y un nombre atacaron a la doctora que atendía a enfermos con Covid-19 en dicho hospital. Ella trataba de explicar el procedimiento de atención cuando la violencia se desató. No hubo posibilidad de diálogo. Es cuestión de segundos las cuatro personas se abalanzaron a golpes contra Alejandra, que entre la cantidad de agresores y lo incómodo del traje Covid no tuvo oportunidad de defenderse.
El ataque se prolongó por algunos minutos hasta que sus propios compañeros y personal de seguridad lograron retirar a los agresores. Los golpes sobre el rostro, cuello, tórax y espalda provocaron lesiones de gravedad. Las más graves contusiones dejaron en Alejandra un edema macular de retina que pudo haberle costado uno de sus ojos, además deun esguince cervical de segundo grado que desplazó vertebras de la columna y a la larga podría desencadenar daño a las fibras nerviosas.
Hasta la fecha la doctora no ha recuperado la vista del ojo afectado y padece constantes dolores de cabeza debido a las lesiones cervicales. Sin embargo, aunque su caso fue mencionado como parte de los incidentes aquel fin de semana, no tuvo mayor proyección o cobertura mediática. No había de por medio controversia política que hiciera interesante su caso para darle seguimiento y, simplemente, fue dejada en el olvido.
Para ella no hubo grupos de apoyo o movimientos en redes sociales para exigir justicia. Recibió días de incapacidad, la respectiva atención médica de sus colegas y nada más, mientras tanto sus agresores siguen en libertad. Alejandra no resultó un médico tan importante, no era jefa de área o directiva asociada a escándalos políticos, era una simple doctora de guardia, de contrato temporal, cuyo caso no fue suficientemente atractivo y se dejó en el olvido hasta el momento.
Para ella no hubo marchas de apoyo por parte del la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y, aunque duela admitirlo, tampoco grandes coberturas mediáticas de seguimiento a su situación. El sindicato apenas y ha emitido un par de declaraciones al respecto. Finalmente, en el caso de la doctora Alejandra no había tajada o revancha política de por medio que interesara a los líderes sindicales.
Alejandra es sólo un ejemplo de lo que ha sucedido con otros médicos en Chiapas y de lo que poco se ha dicho. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) actualmente existen 12 carpetas de investigación abiertas por agravios contra personal de salud o centros médicos en la entidad durante la pandemia por Covid-19. 12 casos, ajenos a temas de corrupción o controversias políticas, que prácticamente han pasado desapercibidos y, siendo honestos, a muy pocos les han importado.
El esfuerzo y los riesgos a los que se han enfrentado médicos de a pie (sobre todo de contratos temporales, sin seguridad laboral a futuro) durante la pandemia debe ser reconocido más allá de los aplausos. Casos como el de Alejandra nos hacen reflexionar sobre esa inequidad social para volcar el apoyo y exigir justicia aún cuando las agresiones vengan de la sociedad misma y no exista controversia política de por medio… así las cosas.
