Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) reclamaron la falta de protocolo para una etiqueta presupuestal definida para apoyar a refugios, centros de atención para niñas y mujeres víctimas de violencia, en especial, por el aumento de esta problemática durante el encierro de la emergencia sanitaria.
Según Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, a nivel nacional, se verían afectados alrededor de 50 mil niñas y mujeres víctimas de violencia por la incertidumbre en torno al presupuesto.
Pese a que las OSCs, sostuvieron una reunión con autoridades federales, reportaron que no hubo transparencia sobre el presupuesto que el Estado mexicano ha destinado para prevenir, atender las violencias contra mujeres y niñas durante la emergencia sanitaria de COVID-19.
La reunión se llevó a cabo el 22 de mayo pasado y contó con la participación de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sin embargo, Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs); informaron sobre las medidas de austeridad para atender la pandemia no se contemplarían a excepción de gastos para programas prioritarios que prevengan y erradiquen violencias hacia las mujeres.
En contraste, criticaron, hay un criterio preocupante para destinar financiamiento a proyectos y programas fianaciados por el gobierno federal, tal como la continuación del Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.
Maïsa Hubert reclamó que los programas sociales de insignia proclamadas por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no tienen indicadores de éxito ni garantizan la reducción de la brecha de desigualdad en el País, pero no dejan de recibir financiamiento, a diferencia de la política pública para atender violencia contra mujeres.
El 23 de abril, apróximadamente un mes, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, hizo público un decreto de 38 programas prioritarios que no dejarían de operar ni les serían suspendidos presupuestos en ánimos de atender la crisis sanitaria.
Pero el apartado “Defensa de los derechos humanos” no está contemplado de manera específica en su cobertura presupuestal, de ahí que las OSCs reclaman precisión y objetividad, pues en ninguno de los puntos hay indicaciones específicas para políticas que observen prevención, erradicación de violencias contra niñas y mujeres.
“No existe claridad sobre los recursos para atender la violencia contra las mujeres, problema que ha sido reconocido como una pandemia por las Naciones Unidas”, comunicaron este lunes 25 de mayo en conjunto con las OSCs referidas.
Así mismo las agrupaciones en defensa de niñas y mujeres consideraron alarmante que, en la reunión con autoridades federales, se hablara sobre la cancelación de recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, mismo que contempla apoyo económico a las CAMIs.
“Tenemos más de 30 CAMIs con una gran afectación. Ya tenemos casos de contagios (de COVID-19) en algunos”, indicó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en una videoconferencia de prensa donde también participaron Maïsa Hubert de Equis Justicia para las Mujeres y Wendy Figueroa, quien preside la la Red Nacional de Refugios.
“Necesitamos tener la respuesta de Segob y el INPI, no podemos continuar a la deriva poniéndonos en riesgo todas las compañeras”, agregó Reneaum Panszi.
Las OSCs hicieron especial enfásis en que en la emergencia sanitaria la violencia hacia mujeres se ha incrementado a causa del confinamiento, pues ellas están encerradas con sus potenciales agresores, aunado a esto, las restricciones de movilidad han generado una disminución en redes de apoyo, es decir, personas o agrupaciones que pudieran asistir a las víctimas.
Estefanía vela Barbar, indicó que las llamadas telefónicas relacionadas con violencia hacia la mujer fueron al rededor de 21,7722.30 por hora durante el mes pasado, esto según información dada a conocer este lunes 25 de mayo, a tráves del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sobre esta información la presidenta de la Red Nacional de Refugios alertó que el servicio de atención a víctimas de violencia podría elevarse aún más, después de que se retire la cuarentena. Mientras tanto, las mujeres están resguardadas para no exponerse al contagio del virus.
“Habrá incremento en la demanda de servicios levantada la cuarentena, (actualmente) tienen miedo a salir de sus casas, esperan a que se levante la contigencia”, advirtió Figueroa.
Si los centros de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia no tienen presupuesto, será inevitable el cese de sus operaciones, enfatizaron las OSCs.
Las OSCs también hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que se vigile el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que contempla una imposibilidad de reducir apoyo económico dirigido a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.
“Hacemos un enérgico llamado a las diputadas y diputados para vigilar la permanencia de los recursos del Presupuesto de egresos de la Federación, destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres”, resaltaron las organizaciones.
Para terminar, las OSCs instaron que en la próxima reunión con SEGOB haya participación de la Secretaría de Hacienda para definir los gastos a la política de erradicación y prevención de violencias contra mujeres. Este encuentro se llevará a cabo en el mes de junio, donde la fecha está por establecerse.
