Héctor Estrada
La denuncia propagada en redes sociales sobre los comentarios misóginos emitidos por un catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que terminó con la recisión de su contrato, ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema tan añejo como la institución misma: prácticas de acoso y hostigamiento que han sido solapados durante años bajo la complicidad de las propias autoridades universitarias.
El caso expuesto en días pasados sobre lo sucedido con el profesor de la Facultad de Humanidades no es nada nuevo en el acontecer universitario. Se trata de una práctica normalizada desde hace décadas que generaciones pasadas, carentes de medios alternativos para propagar sus denuncias e inconformidades, decidieron soportar y habituarse.
La normalización de los casos hizo a un lado la clandestinidad para convertirlas en relaciones del dominio público donde los reglamentos de “ética académica” se quedaron como simples adornos, sin efecto real. Profesores en noviazgo abierto con sus propias estudiantes se han convertido situaciones recurrentes; todo sin que los directores de las facultades o autoridades de rectoría asuman alguna oposición al respecto.
En torno a los casos de acoso sexual el escenario es todavía más complejo. Ahí los reportes y denuncias se han acumulado durante años; se han quedado en la clandestinidad y pocos, muy pocos, han procedido con sanciones reales como la suspensión o despido de los acosadores. La mayoría ha quedado en el baúl del archivo muerto y, en el mejor de los casos, en medidas de distanciamiento escolar entre la agredida y el presunto agresor, posibilitando que el delito se siga cometiendo con nuevas víctimas.
Se trata pues de un problema alimentado por la complicidad y omisión de las propias autoridades universitarias. Recientemente, mediante una entrevista otorgada al diario Portavoz, la propia Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) reconoció que actualmente existen un total de 90 denuncias por hostigamiento y presunto acoso sexual.
La mayoría de ellas tienen más de un año de haber sido interpuestas por las presuntas víctimas. Del total de estas denuncias presentadas, siete de cada 10 casos son por actos cometidos contra mujeres. Gran parte de los casos siguen a la espera de resolución, sin medidas cautelares de por medio y con procesos de investigación que bien podrían demorar varios semestres, hasta que la víctima finalmente abandone la universidad.
Lo preocupante de la situación en la Autónoma de Chiapas tiene que ver justo con la incongruente y convenienciera actuación de las autoridades universitarias respecto al total de los casos. Se trata pues de 90 denuncias que no han tenido la misma atención presurosa para ser resueltas. 90 casos cuyos “procesos de investigación” han demorado meses e incluso años sin ser resueltos.
Al expediente de la Facultad de Humanidades le bastó sólo unos cuantos días para ser resuelto después de la controversia desatada en redes sociales. Y eso que se trataba de un docente con denuncias de acoso previas que tenían bastante tiempo de haber sido realizadas, según reconoció la propia rectoría.
¿Qué pasa entonces con la UNACH respecto a este tipo de casos? ¿Por qué la Dirección Jurídica decidió actuar hasta que el caso “reventó” en redes sociales? ¿a qué se debe la demora para resolver los otros 90 expedientes que siguen en el limbo después de varios meses? Y las respuestas parecen francamente obvias.
El aparente heroísmo de la actual rectoría universitaria no es más que simple oportunismo y conveniencia de momento. A sólo un mes de cumplirse el primer año (de cuatro) de la actual rectoría resulta sospechoso que nada se haya hecho antes al respecto, que se haya guardado silencio y que sea justo cuando la presión mediática desbordó la problemática cuando se dictó la primera “sentencia” de ese tipo.
Para que la nueva postura de combate al acoso dentro de la Autónoma de Chiapas sea convincente es necesario que se resuelvan los casos faltantes con la misma premura. Lo sucedido en la UNACH debe servir como ejemplo para otras instituciones educativas que solapan las mismas prácticas y hoy observan enjuiciadoras la misma podredumbre que permiten dentro de sus instituciones… así las cosas.
