• Determinación apegada a la Constitución Federal y leyes generales
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el que
ratificó la determinación de los montos y distribución del
financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos
políticos con acreditación y registro ante el órgano electoral
chiapaneco.
En sesión ordinaria del pleno del Consejo, a donde asistieron los
representantes de los partidos políticos, Morena, PRD, PAN, Verde
Ecologista de México, PRI, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, se
concretó lo mandatado por el decreto 128 del Congreso del Estado por
el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio
mandata que el máximo órgano de dirección del IEPC en un plazo de 60
días modifique su acuerdo original sobre el financiamiento público de
los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado.
Tras estudiar minuciosamente el tema, el Consejo General llegó a la
determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había
emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de
reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en
este caso, no se acreditó jurídicamente.
La Consejera Laura León Carballo, sostuvo claramente que “esta
autoridad local está impedida por la Ley General de Partidos Políticos
para realizar modificaciones a la fórmula establecida en la ley,
atendiendo a la jerarquía normativa, ya que el código comicial está
jerárquicamente por debajo de dicha ley y de la constitución local”.
Por su parte el Consejero Alex Walter Díaz García, refirió que “el
proyecto de acuerdo garantiza las prerrogativas que por derecho
constitucional tienen los partidos políticos y está plasmado en la
ley, hacer lo contrario significaría en mi calidad de consejero
violentar la ley y caer en una responsabilidad directa.”
Entre tanto, la Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez precisó
que acompaña el proyecto de acuerdo “porque es lo legalmente correcto,
caso contrario estaríamos vulnerando los derechos de los partidos
políticos para su financiamiento público; aunque con este acuerdo
estamos ratificando un acuerdo ya aprobado, y no modificando como lo
señala el decreto; estamos cumpliendo con lo mandatado y de manera
oportuna.”
La Consejera Blanca Estela Parra Chávez, subrayó que la ley general de
partidos políticos obliga a cumplir con lo que ella establece, por lo
que “no solamente apruebo esta iniciativa, sino que la avalo en cada
una de sus partes porque estoy segura y convencida que el imperio de
la ley puede y debe salvarnos de cometer actos fuera de ello, sino
damos certeza dentro de este marco regulatorio”.
El consejero Manuel Jiménez Dorantes, quien además preside la Comisión
de Asociaciones Políticas que elaboro el proyecto de Acuerdo, pidió en
su intervención la importancia de incluir en el mismo la solicitud de
una reunión con el titular del poder ejecutivo del estado para
plantear las ampliaciones presupuestales que permitan garantizar el
cumplimiento cabal de la entrega de las prerrogativas de los partidos.
En su participación, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas,
comentó, que “con el proyecto que se pone a consideración del Consejo
no se pone en juego la voluntad o no de los consejeros y consejeras de
atender las demandas ciudadanas de ajustar el monto de recursos que
reciben los partidos, sino que se trata de un tema de estricta
legalidad en donde el Consejo no tiene más alternativa que aplicar lo
mandatado en la Ley General”.
No obstante, reconoció la necesidad de revisar el modelo de
financiamiento político en el país, pues el sistema de partidos ya no
es el mismo al de hace 20 años cuando se generó y cuando se demandaban
montos cuantiosos para garantizar un mínimo de competitividad
electoral, pero ello requerirá que se reforme la ley general en la
Cámara federal.
De igual forma, durante la sesión se dio cuenta de la aprobación del
Decálogo para la igualdad sustantiva y No discriminación en el IEPC y
se avaló el acuerdo por el cual se aprueban las medidas de austeridad
y racionalidad presupuestal del gasto para este organismo electoral
local durante el ejercicio 2017.
También, en dicha sesión, se dieron a conocer las diversas consultas
realizadas por otros organismos locales electorales a la Comisión de
Vinculación con los OPLES del INE, donde ésta dio contestación y que
sirven como parámetros de actuación para los institutos electorales
estatales.
