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Feminicidio autorizado / Artículo Único

Feminicidio autorizado / Artículo Único
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Podrías tener un mejor puesto y mejor sueldo si vives conmigo”, soltó a rajatabla el jefe administrativo de la Secretaría de Pesca a una empleada jovencita de esa dependencia, a quien acababa de conocer; la chica se rehusó a la propuesta, de la manera más amable —contó ella misma a éste columnista—, pero Juan Carlos Pareyra García, no se detuvo.

Poniéndose de pie, abrazó por la fuerza a Alejandra, quien forcejeó con él; “me apretó un seno y cuando logré quitar su mano de mi pecho, la bajó y la metió en mi entrepierna. Con la otra mano en la parte de atrás de mi cuerpo, trataba de bajarme la ropa y me besaba violentamente el cuello”, relata con la voz entrecortada.

Ante la negativa, vinieron las amenazas directas y el acoso laboral. Pereyra, ordenó congelar los sueldos de Alejandra e inició la etapa de vigilancia y acoso personal de la víctima. En varias ocasiones se plantó frente a la casa de ella, no obstante que la madre de la muchacha, convalecía de una quimioterapia por cáncer.

Paralelamente al acometimiento contra Alejandra, el subalterno de Miguel Prado de los Santos, disfrutaba el acoso contra Mareny, otra jovencita con la que mantuvo una relación sentimental, en la que los golpes, malos tratos y tortura psicológica, eran cotidianos. A raíz de ello, la muchacha lo sacó de su vida y se dispuso a iniciar una relación con otro chaval.

También empleada de SEPESCA, empezó a ser víctima de medidas administrativas contrarias al derecho laboral. Estar embarazada, evitó ser despedida como pretendió Pereyra García, pero dejó de pagarle el salario. E intensificó las amenazas, incluso de muerte. “No verás nacer a tu bastardo”, cuenta Mareny que le ha dicho el funcionario por la vía telefónica.

En capturas de pantalla de mensajes por la red social Whatsapp, se confirman ésas y otras amenazas vertidas desde distintos números telefónicos, ninguno con LADA de Chiapas.

En una de las últimas visitas del gobernador Manuel Velasco Coello a la ciudad de Tonalá, Alejandra y su señora madre, hicieron esfuerzos extraordinarios para burlar al ejército de guaruras del mandatario, logrando entregar a éste, copias del expediente penal contra Pereyra García; con un dejo de indiferencia, Velasco Coello recibió la documentación, misma que le fue arrebatada de sus propias manos por Miguel Prado de los Santos, jefe del depredador. “El secretario de pesca, agarró los documentos y se los metió a la bolsa del pantalón”, cuenta la madre de Alejandra.

Al percatarse de la maniobra encubridora del titular de SEPESCA, entregaron de nueva cuenta, otra copia al gobernador que ahora sí, las escuchó unos segundos. Se comprometió a hacer justicia, dice la víctima, pero conforme pasan los días, van perdiendo la esperanza. Tanto la agente del Ministerio Público, como el juez de la causa, han dado muestras claras de estar a favor del acusado.

De hecho, en uno de los mensajes enviados a Alejandra, Juan Carlos Pereyra, se burla de ella y le advierte que en la Fiscalía, no le harán caso, en virtud de sus influencias y la protección de altos funcionarios. El juez Olaf Gómez Hernández, ha sido excesivamente lento y permisionario con el agresor; la AMP, Lorena Corzo, incluso, asesora a éste para evadir las órdenes de presentación giradas a regañadientes por el juez.

Basado en ello, el encargado de las finanzas de la SEPESCA, ha intensificado la ola de terror contra sus dos víctimas (tres empleadas más de la misma dependencia, le han acusado del mismo delito, pero temen ser despedidas si hacen pública su denuncia), a quienes ha jurado asesinarlas si siguen con el proceso en contra suya.

En el expediente 0215/097/0701/2017, Alejandra ofrece al MP y al juez, detalles pormenorizados de las agresiones; no obstante, persisten en ralentizar el proceso, lo que podría dar tiempo al potencial feminicida a cumplir sus amenazas.

En ese contexto, se puede decir que ya existen culpables directos de lo que a las víctimas pudiere suceder. Desde el enfermo funcionario, hasta las más altas autoridades, que han tenido pleno conocimiento de la situación e insisten en proteger al criminal.

Dejar libre a Juan Carlos Pereyra, es darle la espalda a las mujeres de Chiapas; ya son muchas las víctimas de feminicidios que han ocurrido al amparo de la impunidad, la indiferencia y el doloroso valemadrismo oficial. ¿Con qué cara habrán de ponderar políticas públicas a favor de las mujeres, si desde las entrañas del poder se mancilla a éstas, se les persigue, amenaza y tortura? En las manos de las autoridades está la vida de dos mujeres cuya vida está en grave riesgo. ¿Acaso están, con su indiferencia, autorizando el feminicidio?

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